Por: Abogados Víctor López García, Armando Núñez Peralta
Nuestra sociedad viene atravesando por una ola de prácticas extorsivas y cobros de cupos que han alcanzado niveles alarmantes; a tal punto que esta disyuntiva se ha convertido en el tema central en la agenda política de nuestras autoridades; y, asimismo que, ante el desbordamiento de estas prácticas criminales y sumada a la inacción por parte de las instituciones públicas se haya generado la sensación de inseguridad y preocupación en la ciudadanía.
El paro nacional de transportistas
El rubro más afectado con estas prácticas delincuenciales fue el sector transporte; pues, hoy en día, hay más de diez empresas de transporte público que vienen siendo coaccionadas bajo amenaza y ataques constantes por parte de bandas dedicadas a la extorsión. A la fecha, lamentablemente, ya se han reportado tres decesos de conductores de estas unidades, a manos de sicarios que siguen las órdenes de estos grupos criminales que vienen causando zozobra en nuestro país.
Ante esta situación, los gremios de transportistas de Lima Metropolitana decidieron suspender sus actividades y organizaron un paro indefinido debido a la inacción de las autoridades locales para hacer frente la criminalidad.
Estado de emergencia en los distritos de Lima y Callao
En respuesta a esta problemática, el gobierno decretó el estado de emergencia para combatir el aumento de casos de extorsión y sicariato en Lima y Callao, el cual se extenderá por el periodo de 60 días calendario, esto es, hasta el miércoles 27 de noviembre del presente año. Esta disposición legislativa empezará a regir desde el 28 de setiembre en los siguientes distritos: Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Lurigancho – Chosica, Ventanilla – Callao, Santa Rosa y Rímac.
Es importante acotar que se está evaluando ordenar un toque de queda en algunos de los distritos que se encuentran en estado de emergencia. Recordemos que dicha disposición suspende los derechos fundamentales de los ciudadanos tales como la libertad de tránsito y de reunión, de manera temporal.
La ley de Terrorismo Urbano
Además de las medidas antes mencionadas, se ha dado a conocer que el grupo parlamentario de Renovación Popular, a iniciativa de la congresista Noelia Ross Vith Herrera Medina, presentó un proyecto de ley que propone sancionar con cadena perpetua los delitos de extorsión y terrorismo urbano contra personas naturales y jurídicas.
En efecto, esta propuesta legislativa se sustenta en la modificación del artículo 200° del Código Penal, el cual regula y sanciona el delito de extorsión, en la medida que busca incrementar la pena a los extorsionadores a cadena perpetua, cuando la víctima sea una persona natural o persona jurídica. Asimismo, se pretende incluir un nuevo artículo, el 317-C, que tipifica el “terrorismo urbano”, como un delito que, a través de actos criminales, se genere temor e inseguridad en la población, afectando principalmente a empresas.
En atención de lo antes señalado, la pregunta que cae de madura es ¿estas propuestas legislativas van a generar algún cambio importante en nuestro ordenamiento legal en aras de combatir la criminalidad? Solo basta con darle una lectura rápida a nuestro Código Penal para comprender que el tipo penal de extorsión posee formas agravadas, siendo que, en su modalidad más severa, sanciona con la pena de cadena perpetua. En ese sentido, podemos colegir que la pena en mención ya se encuentra proscrita en nuestro marco jurídico penal.
Dicho esto, desde nuestra perspectiva, esta disyuntiva responde a un problema de operatividad; pues hoy en día, el primer órgano de respuesta de seguridad, que es la Policía Nacional del Perú, no ejecuta adecuadamente sus labores y, ello en su mayoría, debido a las carencias logísticas que posee esta institución en sus dependencias policiales, dado que no cuentan con el personal humano ni los recursos logísticos necesarios para hacer frente a la criminalidad. Un ejemplo más vivido sobre este problema ocurre cuando los ciudadanos concurren a una dependencia policial a fin de asentar una denuncia y se dan con la sorpresa de que estos establecimientos se encuentran desabastecidos de papel, o que los equipos de cómputo están en mal estado y entre otros factores que impiden que el efectivo policial pueda realizar una labor óptima.
Teniendo en cuenta este panorama, debemos preguntarnos ¿cuál es la medida que debería realizar el gobierno para combatir eficazmente la criminalidad? A nuestro modo de entender, el primer paso que debe dar el estado es una inyección presupuestal para dotar de las herramientas necesarias a la Policía Nacional y, de esta manera pueda combatir a la criminalidad de manera efectiva.