Letra muerta | Edición impresa

por Edgar Mandujano
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Para muestra un botón. ¿Por qué tanto cacareo con la declaratoria de estados de emergencia en distritos de Lima si es que al final no se ve a las Fuerzas Armadas repeliendo a la delincuencia común en las calles? ¿Porque para sus promotores de eso se trata no?

Las Fuerzas Armadas no salen porque el gobierno no ha coordinado esas declaratorias y porque los altos mandos militares saben que la tropa va a pagar pato si es que las cosas terminan mal.

Es una situación que remite a lo ocurrido con las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023, que dejaron 49 civiles muertos. Es claro que las protestas tuvieron un grado de instigación por parte de radicales que buscaban retornar al poder a Pedro Castillo. Y también que fueron sumamente virulentas. Pero también lo es que un Estado de Derecho debe evitar a toda costa las muertes en circunstancias como esas.   

Los enfrentamientos entre los militares, la Policía y los manifestantes en Puno, que dejaron varios muertos y heridos tuvieron un grado de instigación por parte de radicales que buscaban retornar al poder a Pedro Castillo.

Hasta ahora, la defensa del primer ministro, Alberto Otárola se ha basado en su supuesto desconocimiento de las muertes hasta que las vio en las noticias y en su nula participación y desconocimiento de los planes operativos que las Fuerzas Armadas (FFAA) elaboraron para controlar las manifestaciones.

Esas han sido las declaraciones que el premier ha dado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien el próximo 25 de octubre decidirá si amplía la investigación que incluye a la mandataria Dina Boluarte, declarándola compleja, o decide archivarla con los elementos con los que cuenta.

El documento fue firmado por el fiscal Luis Enrique Valdivia Calderón, entonces Coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo, el 16 de diciembre, es decir, un día después de lo sucedido en Ayacucho.

La muerte de 10 personas en Ayacucho el 15 de diciembre del 2022 marcó un punto de quiebre en la conformación del gobierno de Bolaurte; no solo significó la salida de los ministros de Cultura y Educación, sino que propició el ascenso de Otárola, entonces ministro de Defensa y uno de los responsables de la salida de las FFAA a la contención de las protestas, al cargo de primer ministro en reemplazo de Pedro Angulo.

Menos de un mes después, el gobierno, ahora bajo el mando del tándem Boluarte-Otárola, dio muestras de no haber aprendido la lección; los enfrentamientos entre los militares, la Policía y los manifestantes en Puno, terminó con la muerte de 18 personas en un solo día en el que también se registraron 95 heridos.

Para el abogado Juan José Quispe, estos pedidos de respeto a los DDHH y el reenvío de emails debían estar acompañados de directivas concretas que protegieran la vida de los manifestantes, desde el momento en que se supo de la primera muerte.

Un oficio de la Fiscalía al que accedió CARETAS demuestra que Otárola ya había sido advertido que los graves hechos de Ayacucho podían repetirse. El documento firmado el fiscal Luis Enrique Valdivia Calderón, entonces Coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo, el 16 de diciembre, es decir, un día después de lo sucedido en Ayacucho, resaltaba al entonces premier Angulo, la necesidad de que militares y policías usaran proporcionalmente la fuerza, respetando los derechos humanos y el derecho internacional en la materia.

Recordaba incluso, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que los Estados deben tener “extremo cuidado al utilizar a las FFAA como elemento de control de la protesta social” y enfatizó el deber de aplicar el enfoque diferenciado por edad, especialmente porque dos de los muertos en Apurímac -David Atequipa Quispe y Robert Medina Llanterhuay- eran menores de 15 y 16 años respectivamente.

El oficio precisó además, que el uso de la fuerza letal debía darse solo cuando peligraba la vida del efectivo, la de otras personas o hubiese un riesgo de fuga de alguien que fuese un potencial peligro para la vida de otros. No había en ninguna parte, un apartado que hablara del uso de armas de fuego para la defensa de “activos estratégicos”. Sin embargo, el informe fue letra muerta y los hechos ocurrieron tal y como los conocemos.

Este documento fue enviado el 16 de diciembre -viernes- y fue reenviado por correo electrónico, a los despachos de los ministerios del Interior y Defensa el 18 -lunes-. Pese a que para el 19 ya había 26 muertos, no se dio cuenta de este oficio en ninguna sesión de Consejo de Ministros.

Las advertencias de la Fiscalía no fueron las únicas, ya que según consta en el acta de la sesión del Consejo de Ministros del 21 de diciembre del 2022, Boluarte pidió a los ministros del Interior y de Defensa (Víctor Rojas y Jorge Chávez), solo hacer uso de armas no letales. Lo de Puno pudo haberse evitado.

CARETAS accedió a un oficio que demuestra que Otárola ya había sido advertido que los graves hechos de Ayacucho podían repetirse.

La historia se repite

Este no es el único caso en que un documento queda en letra muerta. Pese a que con meses de anticipación, diversos colectivos habían adelantado el desarrollo de la “Toma de Lima” para el 18 y 19 de enero del 2023, Jorge Chávez Cresta, ya a cargo del Mindef, ofició el mismo 19 al jefe del Comando Conjunto de las FFAA para pedirle que las fuerzas del orden respeten los DDHH.

Cinco días después, es decir, el 24 de enero, Otárola, ya como primer ministro, reenvía el oficio de la Fiscalía que recibió en el 2022, a los sectores Interior y Defensa. Sin embargo, el 28 de enero, muere en Lima, Víctor Santisteban Yacsavilca a causa del impacto de una bomba lacrimógena disparada por un policía.

Para el abogado de los familiares de las víctimas, Juan José Quispe, estos pedidos de respeto a los DDHH y el reenvío de emails debían estar acompañados de directivas concretas que protegieran la vida de los manifestantes desde el momento en que supo de la primera muerte. Al no hacerlo, sostiene, se le puede imputar el delito de omisión a la presidenta y a su premier.

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