Kenji Fujimori viajará a Aruba con permiso judicial pese a su condena suspendida por el caso “Mamanivideos”

El permiso fue aprobado tras un pedido de su defensa, que alegó motivos familiares y laborales. El juez Juan Carlos Checkley advirtió que el excongresista deberá retornar a Lima al término del viaje.

por Edgar Mandujano

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, presidido por el juez supremo Juan Carlos Checkley, autorizó a Kenji Fujimori, excongresista e hijo menor del expresidente Alberto Fujimori, a viajar a la ciudad de Noord, en la isla de Aruba, entre el 2 y el 6 de septiembre de 2025.

El permiso se produce pese a que Fujimori cumple una condena suspendida de cuatro años y seis meses por el caso Mamani videos, por el cual fue hallado culpable de tráfico de influencias en agravio del Estado.


¿Cuáles fueron los argumentos de la defensa?

La solicitud fue presentada el pasado 7 de agosto por la defensa legal de Fujimori. En el documento se argumentó que el viaje tiene como finalidad fortalecer el vínculo conyugal con su esposa Erika Viviana Muñoz Regis, dado que —según la defensa— las oportunidades para viajar en familia han sido escasas.

Asimismo, se indicó que el viaje contribuiría a generar contenido para el podcast “Tampoco Tampodcast”, un emprendimiento de difusión digital impulsado por Fujimori, que —según el expediente— le ha permitido obtener ingresos para cumplir con el pago de la reparación civil impuesta por el Poder Judicial.


¿Qué opinó la Fiscalía sobre el pedido?

El requerimiento fue evaluado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos, la cual no presentó oposición a la solicitud de viaje.

Tomando en cuenta la postura del Ministerio Público, el juez Checkley consideró que el pedido era “razonable” y “procedente”, autorizando formalmente la salida del país del excongresista, bajo condiciones específicas.


Condiciones del permiso judicial

En su resolución, el juzgado estableció que:

  • El viaje solo está autorizado entre el 2 y el 6 de septiembre.
  • Fujimori deberá retornar a Lima al término del periodo autorizado.
  • Está obligado a informar a la judicatura su retorno.
  • No queda eximido de las reglas de conducta impuestas por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

El documento advierte que cualquier incumplimiento será informado al Ministerio Público para la adopción de medidas pertinentes.

“La autorización es excepcional y no modifica la condición legal del sentenciado”, señala la resolución.


¿Qué fue el caso “Mamanivideos”?

El caso Mamani videos se remonta a 2018, cuando Kenji Fujimori, junto a los excongresistas Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, ofrecieron al entonces congresista Moisés Mamani beneficios a cambio de su voto en contra de la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski.

Mamani grabó los encuentros con cámara oculta, y los videos —difundidos por medios nacionales— se convirtieron en una fuerte evidencia de tráfico de influencias.

Este escándalo político derivó en investigaciones fiscales y, años después, en una sentencia judicial.


La condena: prisión suspendida e inhabilitación

En 2023, el Poder Judicial condenó a Kenji Fujimori a cuatro años y seis meses de prisión suspendida, y 18 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Fue declarado culpable del delito de tráfico de influencias, un delito grave contra la administración pública.

Actualmente, Fujimori se encuentra bajo régimen de libertad restringida, cumpliendo reglas de conducta estrictas, que incluyen la prohibición de salir del país sin autorización judicial previa.


Viaje a Aruba: ¿precedente peligroso o permiso legítimo?

La decisión del juez ha generado debate en la opinión pública y entre analistas jurídicos. Si bien el permiso se enmarca dentro de una facultad legal, algunos cuestionan que se concedan beneficios excepcionales a sentenciados por corrupción, mientras otros ciudadanos enfrentan restricciones más estrictas.

El viaje del excongresista, aunque autorizado, no deja de levantar interrogantes sobre los criterios del sistema judicial para equilibrar derechos personales con la sanción penal.

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