El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) suscribieron un Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional orientado a promover el empleo y la empleabilidad de madres usuarias del servicio gratuito de la Defensa Pública, con énfasis en aquellas que enfrentan procesos de pensión de alimentos.
El acuerdo fue firmado por los ministros Walter Martínez Laura y Óscar Fernández Cáceres, quienes destacaron que la articulación entre el acceso a la justicia y las políticas de empleo resulta clave para atender de manera integral a mujeres en situación de vulnerabilidad económica y social.
Acceso al trabajo como complemento de la justicia
Durante la ceremonia de suscripción, el titular del MINJUSDH subrayó que el acceso a la justicia no concluye con una resolución judicial, sino que debe traducirse en mejores condiciones de vida para las personas. En ese sentido, remarcó que este convenio busca ofrecer herramientas concretas de inserción laboral para madres que, además de enfrentar procesos legales, necesitan generar ingresos sostenibles para sus familias.
La iniciativa reconoce que una parte importante de las usuarias de la Defensa Pública son mujeres que demandan pensión de alimentos y que requieren respaldo estatal no solo en el ámbito legal, sino también en el económico.
Capacitación y empleabilidad para usuarias de la Defensa Pública
Gracias a este convenio, las usuarias del MINJUSDH podrán acceder a servicios del MTPE como las plataformas “Capacítate” y “Mi Carrera”, así como al programa “Jóvenes Productivos”, enfocados en capacitación técnica, orientación vocacional, formación para el autoempleo e inserción en el mercado laboral formal.
El objetivo es mejorar la empleabilidad de las beneficiarias y facilitar su incorporación a actividades productivas que les permitan cumplir con sus responsabilidades familiares y fortalecer su independencia económica.
Impacto social y alcance nacional
Según cifras oficiales, solo en el presente año, la Defensa Pública atendió a 10 037 familias a nivel nacional, principalmente en procesos vinculados a pensiones de alimentos. Detrás de estos casos se encuentran, en su mayoría, madres de familia que requieren oportunidades laborales para garantizar el sustento de sus hijos.
El convenio busca responder a esta realidad mediante acciones conjuntas que articulen los servicios legales con programas de empleo y capacitación, con un enfoque social y territorial.
Compromiso del Ejecutivo con la inclusión laboral
Por su parte, el ministro de Trabajo destacó que este acuerdo representa el inicio de una colaboración que apuesta por la inclusión laboral y la justicia social, con el potencial de generar un impacto directo en miles de hogares del país.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas integrales que unan el acceso a la justicia con el empleo decente, como pilares fundamentales para el desarrollo social y la reducción de la vulnerabilidad económica.