El personero legal alterno de Juntos por el Perú en Arequipa, Pablo Salas Charca, presentó una denuncia penal ante el despacho del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, contra el presidente José María Balcázar, el canciller Carlos Pareja, el exjefe de la ONPE Piero Corvetto, el jefe interino Bernardo Pachas, el presidente del JNE Roberto Burneo y la virtual presidenta electa Keiko Fujimori por un presunto fraude en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.
El documento sostiene que los denunciados habrían integrado una supuesta organización criminal destinada a alterar el resultado electoral mediante una serie de acciones coordinadas. Sin embargo, la denuncia no incorpora pruebas documentales o periciales que acrediten la existencia de un fraude ni los hechos que atribuye a las autoridades involucradas.
¿Qué delitos atribuye Juntos por el Perú en su denuncia?
Según el escrito presentado ante la Fiscalía de la Nación, la denuncia solicita iniciar una investigación preliminar por los presuntos delitos de organización criminal, atentados contra el derecho de sufragio, perturbación del proceso electoral, abuso de autoridad y omisión de actos funcionales, en concurso real.
El documento afirma que existió una "sofisticada operación ejecutada desde las más altas esferas del poder político y electoral" para "distorsionar, alterar y manipular los resultados" de la segunda vuelta presidencial. No obstante, el escrito no adjunta elementos probatorios que sustenten dicha afirmación.
Denuncia de Juntos por el Perú alcanza a los embajadores
Entre los principales argumentos expuestos por el personero de Juntos por el Perú figura el Decreto Supremo N.º 250-2025-EF, mediante el cual el Ejecutivo actualizó las remuneraciones de embajadores y cónsules. La denuncia sostiene, sin aportar evidencia, que el incremento salarial habría servido para una presunta "cooptación económica" de funcionarios vinculados al voto en el exterior.
Asimismo, cuestiona el relevo de algunos embajadores al considerar que ello habría generado un supuesto "vacío deliberado de fiscalización". Sin embargo, dichos diplomáticos continuaron ejerciendo funciones hasta la emisión de las resoluciones que fijaran el término efectivo de sus cargos, conforme informó previamente la Cancillería.
Plataforma de STAE de Corvetto
Otro de los puntos señalados es el uso de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), implementada durante la primera vuelta electoral. El documento afirma que el sistema presentaba vulnerabilidades que habrían permitido manipular el proceso; sin embargo, tampoco acompaña informes técnicos, peritajes o evidencia que respalde esa acusación.
La denuncia también vuelve a cuestionar la resolución emitida por la ONPE sobre el escrutinio en el extranjero, argumento que ya fue analizado y desestimado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante la evaluación de los recursos presentados por la propia organización política.
Finalmente, el escrito sostiene una supuesta injerencia de la Embajada de Estados Unidos en el proceso electoral y señala al embajador Bernie Navarro como un presunto actor político que habría favorecido un determinado resultado electoral, aunque nuevamente no presenta pruebas que sustenten dicha afirmación.
#Perú abogados de juntos por el Perú presentan denuncia penal contra el presidente Balcázar, el Canciller y funcionarios del sistema electoral por el presunto delito de organización criminal, perturbación del derecho al sufragio y otros pic.twitter.com/7aKpQhp7Qo
— JAIME HERRERA (@JaimeHerreraCaj) June 26, 2026