Junta de Fiscales Supremos, Superiores y Provinciales rechazan los proyectos aprobados por el Congreso que vulneran la autonomía del Ministerio Público

Convocan a la ciudadanía y a todas las instituciones a sumarse a la defensa de la democracia y el Estado de derecho que se pretende socavar de aprobarse los referidos proyectos de ley.

por Edgar Mandujano

La Junta de Fiscales Supremos, los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y Provinciales del Perú en representación de los miembros del Ministerio Público, acordaron –por unanimidad– emitir un pronunciamiento respecto a proyectos de ley emitidos por el Congreso de la República.

A través de un comunicado oficial, la Junta de Fiscales Supremos, presidentes de la Juntas de Fiscales Superiores y presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales del Perú, en representación de todos los miembros del Ministerio Público, expresan su rechazo a la propuesta que busca eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y que fue aprobada por la Comisión de Constitución.

“Acordamos rechazar los referidos pre dictámenes y proyectos de ley emitidos por el Congreso de la República por cuanto quebranta la autonomía e independencia institucional que le corresponde al Ministerio Público al pretender recortar sus funciones y atribuciones que le han sido asignadas por mandato constitucional”.

Asimismo, rechazan el proyecto de ley de creación de la Escuela Nacional de la Magistratura, por constituir un retroceso a modelos ya superados de intervención política, en la designación de magistratura que integran los organismos que forman parte de la administración de magistrados que integran los organismos que forman parte de la administración de justicia, con grave afectación al principio de independencia que es el pilar fundamental de Estado Constitucional de Derecho.

Exigen a los miembros del Poder Legislativo el respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, la separación de poderes y la institucionalidad democrática del país y al Poder Ejecutivo a cumplir su función de control de legalidad y de constitucionalidad de los proyectos que se envíen para su promulgación.

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