El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, declaró inaplicable la ley de amnistía presentada por el Congreso para beneficiar al general en retiro Petronio Baltazar Fernández Dávila Carnero, ex jefe político militar de Ayacucho. La decisión se tomó en el marco de un proceso por desaparición forzada de personas, considerada un delito de lesa humanidad, con agravante por el carácter sistemático de los hechos.
Fernández Dávila es acusado de la desaparición del campesino Jorge Gutiérrez Quintero, quien fue detenido en enero de 1990 en el cuartel de Castropampa, Huanta. A pesar de que un oficio militar informó que Gutiérrez había sido liberado, sus familiares nunca lo volvieron a ver. Hasta la fecha, permanece desaparecido, y la justicia peruana lo procesa con una condena pendiente de 14 años.
Control difuso y protección de derechos humanos
El juez Chávez Tamariz fundamentó su resolución en la figura del control difuso, instrumento jurídico que permite a los magistrados priorizar la Constitución Política sobre leyes contrarias a la Carta Magna y a los estándares internacionales de derechos humanos. En su resolución, el magistrado indicó que la ley de amnistía es anticonvencional, ya que contraviene el derecho a la verdad, a la justicia y a la tutela jurisdiccional efectiva de las víctimas, tal como lo establece la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“El derecho de amnistía dispuesto por el parlamento y promulgado por la presidenta de la República no supera otros derechos fundamentales, como la persecución penal a cargo del Ministerio Público y la protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales”, señaló el magistrado.
¿Por qué se rechaza la amnistía?
El rechazo a la aplicación de la ley de amnistía se sustenta en varios aspectos:
- La desaparición forzada es un delito permanente en el tiempo, y la tutela jurisdiccional se aplica en favor de las víctimas, no del victimario.
- La ley del Congreso no puede vulnerar garantías constitucionales ni estándares internacionales suscritos por Perú, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos.
- La jurisprudencia nacional e internacional establece que actos legislativos que favorezcan a responsables de violaciones graves a derechos humanos no tienen eficacia legal.
Chávez Tamariz recordó que el control difuso es una herramienta adoptada de la jurisprudencia estadounidense, específicamente del caso Marbury v. Madison, y que en Perú se encuentra respaldada por la Constitución de 1993 y por el Pleno Jurisdiccional en materia constitucional de 2015. Esta potestad judicial garantiza que ninguna ley pueda aplicarse cuando contravenga los derechos fundamentales, reforzando la independencia de poderes y el principio de justicia.
El caso Fernández Dávila y la desaparición de Gutiérrez
Petronio Fernández Dávila ocupó en 1990 el cargo de Comandante General de la Segunda División de Infantería de Ayacucho y fue jefe político militar de la Subzona de Seguridad N.º 5. Durante su gestión, Jorge Gutiérrez Quintero fue detenido por presunta vinculación con Sendero Luminoso y trasladado al Cuartel Castropampa, donde fue maniatado. Su familia fue encerrada en una habitación para evitar protestas.
A pesar de que un comandante posterior reconoció la detención, el campesino nunca fue liberado y permanece en situación de desaparición forzada, un crimen que la justicia peruana clasifica como lesa humanidad y que conlleva la persecución penal sin prescripción.
Impacto de la decisión judicial
La resolución de Chávez Tamariz se suma a otras decisiones similares en el ámbito de la justicia transicional, donde los tribunales han reiterado que ninguna ley de amnistía puede aplicarse para delitos graves contra los derechos humanos. Esta postura refuerza el principio de que los responsables de violaciones sistemáticas no pueden evadir la justicia mediante normas legislativas.
El caso será revisado por la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Suprema, pero la sentencia inicial deja en claro que la Constitución y los tratados internacionales prevalecen sobre normas legales contradictorias.
Preguntas clave
- ¿Qué implicaciones tiene el control difuso en el sistema judicial peruano?
- ¿Podría el Congreso intentar nuevamente una ley de amnistía similar?
- ¿Cómo protege el Estado los derechos de las víctimas en casos de desaparición forzada?
La decisión del juez Chávez Tamariz representa un precedente importante en la lucha contra la impunidad y reafirma el compromiso del Poder Judicial peruano con la justicia y los derechos humanos. El caso Fernández Dávila evidencia la necesidad de garantizar que las leyes respeten los estándares internacionales y protejan a las víctimas, manteniendo a los responsables bajo el escrutinio de la justicia.
