El exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé, recuperó su libertad este 15 de abril tras cumplirse el plazo legal de detención por flagrancia, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la distribución de material durante las Elecciones Generales 2026.
A diferencia de lo que inicialmente se difundió, su salida no responde a una decisión discrecional del Ministerio Público, sino a lo establecido en la normativa vigente: el delito que se le atribuye —omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales— no supera el umbral de los cuatro años de pena privativa de libertad, lo que impide solicitar medidas coercitivas más severas en esta etapa.
Detención por flagrancia y límites legales
Samamé fue intervenido el 13 de abril por la Policía Nacional bajo el supuesto de flagrancia. Sin embargo, este tipo de detención tiene un límite máximo de 48 horas, plazo que, una vez cumplido, obliga a la liberación del investigado si no se configuran condiciones legales para prolongarla.
En este caso, la naturaleza del delito investigado no permitía solicitar prisión preventiva ni extender la detención preliminar, lo que determinó su salida conforme al marco legal vigente.
Investigación sigue en curso
Pese a su liberación, el proceso está lejos de cerrarse. La Fiscalía continuará con las diligencias correspondientes para determinar si existió responsabilidad funcional en los retrasos que afectaron la distribución de material electoral y, en consecuencia, el normal desarrollo de los comicios.
El exfuncionario deberá acudir a nuevas citaciones fiscales, mientras se recaban elementos de convicción como documentos contractuales, informes logísticos y testimonios de otros involucrados.
Contratación y cadena de responsabilidades
Uno de los ejes centrales de la investigación es el proceso de contratación del servicio de transporte del material electoral. Samamé habría tenido un rol clave en la formulación de los términos de referencia y en la gestión operativa del despliegue logístico.
Las autoridades también analizan la participación de otros funcionarios y de la empresa proveedora del servicio, en un intento por reconstruir la cadena de decisiones que derivó en los retrasos registrados el día de la votación.
Crisis electoral bajo escrutinio
El caso se inscribe en una crisis más amplia generada por fallas logísticas que impidieron la instalación oportuna de mesas de sufragio en diversas zonas del país y del extranjero, afectando a miles de electores.
En ese contexto, la investigación fiscal busca establecer si las omisiones detectadas constituyen responsabilidad penal o administrativa, así como identificar posibles fallas estructurales en la organización electoral.
Posibles medidas futuras
Aunque en esta etapa no era posible dictar medidas más restrictivas, ello no descarta que, conforme avance la investigación y se incorporen nuevos elementos, el Ministerio Público pueda solicitar otras acciones dentro del marco legal.
Por ahora, José Samamé permanece en libertad, pero bajo investigación, en un caso que podría escalar en función de las responsabilidades que se logren acreditar en las próximas semanas.