Jorge Montoya (Renovación Popular), consideró que los S/ 15, 600 que perciben mensualmente los 130 miembros del Congreso por realizar sus labores, no es un salario justo y consideró que se debería reestructurar el sueldo de todos los trabajadores del Estado, ya que asegura que no hay una “equidad adecuada”.
En declaraciones para RPP, consideró que la depreciación monetaria ha provocado que el sueldo de los legisladores no sea suficiente, por lo que el valor real debería ser recuperado por los miembros del Legislativo.
Para Montoya, la diferencia de sueldos que tienen los congresistas, los ministros de Estado y otros servidores públicos, afecta el desempeño de las instituciones. ¿Por qué el gobierno no se encarga de corregirla -la diferencia-?”, se preguntó.
Cabe señalar que los congresistas también reciben mensualmente S/ 2, 800 por concepto de semana de representación y S/ 7, 617 por asignación por desempeño de función congresal.
Unión Internacional de Magistrados pide al Congreso que desestime acciones contra la JNJ
La Unión Internacional de Magistrados (UIM), expresó su respaldo a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ante la investigación sumaria que llevará a cabo la Comisión de Justicia y exhortó al Congreso de la República que desestime toda acción o pretensión que exceda sus facultades y afecte a la institución que designa a los jueces y fiscales del Perú.
El pronunciamiento firmado por los magistrados Walter Barone y Francisco Silla, presidente y vicepresidente respectivamente de la UIM, recordó al Congreso que el artículo 43 de la Constitución Política del Perú reconoce que el gobierno se rige bajo el principio de separación de poderes; y que el artículo 150 le da autonomía a independencia a la JNJ.
Expresaron su preocupación por la indagación que durará solo 14 días y destacó que esta se da cuando la JNJ está investigando a altos funcionarios del sistema de justicia “que aparentan gozar del apoyo de algunos líderes políticos”.
“De esta circunstancia, se puede deducir que el propósito que se persigue con el mencionado proceso sumarísimo está fuera de la finalidad por la cual la Constitución le ha conferido la facultad de fiscalización al Congreso”, sostiene la UIM.
