La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió no nombrar al juez superior Augusto Ruidías Farfán como magistrado supremo. La deliberación del pleno, realizada el 24 de marzo último en cumplimiento de un mandato del Tercer Juzgado Civil de Trujillo, concluyó sin que el postulante alcanzara el número de votos requerido por ley. Así se cierra un proceso marcado por tensiones judiciales y serios cuestionamientos a la trayectoria del magistrado trujillano.
La candidatura de Ruidías había sido objeto de controversia desde hace varios años. Su nombre aparece vinculado en un registro de audio con el destituido juez supremo César Hinostroza Pariachi, figura central del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, actualmente procesado por organización criminal, patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Además, Ruidías fue propuesto para destitución por el propio Poder Judicial, lo que ya entonces puso en duda su permanencia en el cargo.
Pese a estos antecedentes, el magistrado logró reinsertarse en el proceso de selección para la Corte Suprema al obtener una bonificación cuestionada. Esta se derivó de una breve inscripción en el servicio militar durante sus vacaciones judiciales, lo que le permitió sumar puntos adicionales. El beneficio fue finalmente reconocido tras una demanda de amparo favorable contra la JNJ, lo que obligó a incluirlo nuevamente en la convocatoria pública 003-2021-SN/JNJ.
El caso escaló aún más en febrero pasado, cuando otro juez, también en condición de vacaciones, ordenó reservar una plaza presupuestada para Ruidías. Todo esto ocurría mientras miles de procesos judiciales permanecían paralizados por falta de presupuesto y personal.
La negativa del pleno de la JNJ a nombrarlo juez supremo se ampara en el artículo 154 de la Constitución y en la Ley Orgánica de la institución, que exige una mayoría calificada de votos para proceder al nombramiento. En esta ocasión, Ruidías no logró convencer al cuerpo colegiado de su idoneidad para ocupar uno de los más altos cargos del sistema judicial.
En un contexto donde el Poder Judicial defiende su autonomía frente a los embates del Ejecutivo, casos como este ponen a prueba su consistencia interna y la confianza ciudadana en el sistema. La decisión de la JNJ se presenta como un mensaje de contención institucional y una defensa del principio meritocrático, en momentos en que la ética judicial enfrenta uno de sus mayores desafíos.
