El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó un proyecto de ley que busca impedir que personas con sentencias consentidas o ejecutoriadas por delitos de corrupción de funcionarios, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, delitos contra la libertad sexual, tráfico de influencias, apología al terrorismo o enriquecimiento ilícito puedan ser fundadores o directivos de partidos políticos.
En la propuesta normativa del organismo electoral también se contempla la suspensión de la participación de un partido en las elecciones, si es que se conoce que alguno de los dirigentes o el fundador fue sentenciado por alguno de estos delitos mientras ejerció el cargo.
Estas restricciones también aplican para los fundadores y dirigentes de los movimientos regionales, quienes tampoco deberán estar sentenciados por casos de corrupción o de delitos contra la libertad sexual para poder conformar estas organizaciones políticas o participar en las elecciones regionales.
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El JNE basa su propuesta en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en el 2008, estableció que los derechos políticos no son absolutos y que estos pueden limitarse “siempre que dicha reglamentación observe los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática”.
La propuesta se presenta días después de que el congresista de la bancada Somos Perú, Luis Cordero Jon Tay, presentara una propuesta que busca habilitar a los sentenciados por corrupción para que puedan postular a la Presidencia o la Vicepresidencia de la República cuando hayan sido rehabilitados.