El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó por unanimidad la presentación de una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC), en respuesta a una resolución judicial que permite la participación del ciudadano Duberlí Rodríguez en el proceso electoral, pese a una decisión previa del propio organismo que lo excluía.
El presidente del JNE, Roberto Burneo, advirtió que este tipo de interferencias judiciales “ponen en riesgo la estabilidad del calendario electoral” y podrían generar un efecto dominó en otros procesos en curso. “Debemos preservar la autonomía del JNE para garantizar elecciones libres, transparentes y ordenadas”, enfatizó en conferencia de prensa.
¿Por qué el JNE considera grave esta intervención judicial?
La resolución que habilita a Duberlí Rodríguez contradice una decisión firme del JNE, generando un precedente que, según la entidad, podría abrir la puerta a nuevas demandas judiciales para forzar la inscripción de partidos o candidatos fuera de los plazos establecidos.
Actualmente, 50 partidos políticos están inscritos para participar en los comicios. Si más organizaciones recurren a la vía judicial para incorporarse, se afectaría la planificación logística y el procesamiento del padrón de afiliados, además de comprometer la revisión técnica de las candidaturas.
El presidente Burneo recordó que, en el proceso electoral anterior, se registraron más de 700 acciones de amparo contra decisiones del JNE, y en el actual se proyecta que podrían presentarse hasta 3,000 demandas, debido a la cantidad de partidos y candidatos involucrados. “La judicialización masiva de procesos electorales genera un estrés operativo que pone en riesgo la transparencia y efectividad de las elecciones”, advirtió.
El rol del Tribunal Constitucional en la autonomía del JNE
La demanda competencial busca que el Tribunal Constitucional delimite claramente las funciones del JNE como órgano autónomo encargado de administrar los procesos electorales, estableciendo que sus resoluciones no pueden ser revisadas ni modificadas por otras instancias.
Según Burneo, permitir que los jueces alteren fallos firmes del JNE “rompe el principio de previsibilidad del proceso electoral y vulnera la igualdad de condiciones entre las organizaciones políticas”. Por ello, la entidad exige que el TC establezca que las decisiones del jurado son definitivas e inapelables, tal como lo dispone la Constitución Política.
¿Qué riesgos enfrenta el calendario electoral?
El calendario electoral es el instrumento central que garantiza el cumplimiento de los plazos y etapas necesarios para organizar unas elecciones transparentes. Cada fase, desde la revisión de listas de candidatos hasta la cruzada de datos con el RENIEC, requiere tiempos definidos.
Según el JNE, permitir excepciones como la de Duberlí Rodríguez podría alterar toda la logística electoral:
- Sobrecargaría el sistema de procesamiento de candidaturas.
- Complicaría la preparación del padrón de electores.
- Generaría desigualdad entre organizaciones políticas que sí cumplieron los plazos.
- Pondría en riesgo la transparencia y la credibilidad de los comicios.
“El impacto no solo es jurídico, sino operativo”, enfatizó Burneo. “Si se siguen incorporando candidatos y partidos fuera de los plazos establecidos, corremos el riesgo de que el proceso electoral se desorganice completamente”.
Una advertencia sobre la judicialización de la política
El JNE también alertó que la creciente judicialización de los procesos electorales amenaza con desnaturalizar el sistema democrático. Si los candidatos y partidos recurren a instancias judiciales para forzar su participación, el calendario diseñado para garantizar orden y equidad podría colapsar.
En este sentido, la demanda competencial busca evitar un efecto en cadena que complique aún más el desarrollo de las elecciones. La institución insiste en que el respeto a los plazos es fundamental para asegurar igualdad de condiciones y prevenir conflictos entre organizaciones políticas.
Lo que sigue para el JNE y el Tribunal Constitucional
El equipo jurídico del JNE ya trabaja en la elaboración de los argumentos para sustentar la demanda. Una vez presentada, corresponderá al Tribunal Constitucional determinar si admite el recurso y definir los límites entre la autoridad electoral y las decisiones judiciales.
En paralelo, el organismo electoral seguirá avanzando con la organización del proceso y mantendrá comunicación constante con los partidos políticos para garantizar el respeto de los plazos establecidos.
