El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) elevó una voz de alerta en el Congreso de la República. Su presidente, Roberto Burneo Bermejo, demandó ante la Comisión de Presupuesto una partida adicional de S/ 372.51 millones para cubrir el déficit financiero que enfrenta la institución en el marco de la organización de los procesos electorales de 2026.
El magistrado fue enfático: sin esa asignación, la transparencia, legitimidad y confianza de los comicios quedarían comprometidas, lo que afectaría directamente la estabilidad democrática del país. “Un proceso electoral sin los recursos necesarios podría ser visto como débil e incompleto, lo que impactaría en la confianza y legitimidad del proceso y del sistema electoral”, remarcó.
¿Qué está en juego en las elecciones de 2026?
El 2026 no será un año electoral cualquiera. El país enfrentará Elecciones Generales, Elecciones Regionales y Municipales, así como los comicios de Autoridades en Centros Poblados (ECP). Se trata de un escenario de gran envergadura, que requerirá un despliegue logístico y tecnológico mayor al de años anteriores.
En la última década, la carga del sistema electoral peruano se ha incrementado notablemente:
- El número de organizaciones políticas se duplicó.
- El número de candidatos se quintuplicó.
- Los cargos de elección popular pasaron de 148 a 208.
- El padrón electoral pasó de 22 millones en 2016 a 27 millones de electores en 2026.
Estas cifras, según Burneo, evidencian la magnitud de los desafíos que deberá asumir el JNE. Más candidatos y más votantes implican un mayor volumen de expedientes, procesos de fiscalización y sistemas de información que deben garantizarse con tecnología, logística y personal capacitado.
Déficit presupuestal: ¿por qué es tan grave?
El presupuesto requerido por el JNE para el próximo año asciende a S/ 763.02 millones. Sin embargo, el monto contemplado en el dictamen preliminar de la Ley de Presupuesto 2026 es apenas de S/ 390.51 millones, es decir, poco más de la mitad (51.18%).
Este recorte deja a la institución con una brecha de S/ 372.51 millones, monto que Burneo solicita sea aprobado desde el primer día del próximo año. “Si la logística y la fiscalización no son suficientes, se abrirá un espacio de dudas sobre la transparencia de los comicios”, alertó.
La advertencia cobra mayor relevancia en un contexto en el que la confianza ciudadana en las instituciones democráticas atraviesa un periodo de fragilidad. Una deficiente fiscalización del padrón electoral, del voto digital o de las campañas podría abrir espacio a cuestionamientos de fraude o exclusión, con impactos directos en la gobernabilidad.
Innovación y retos en las fronteras de la democracia
El titular del JNE subrayó que el organismo viene impulsando ejes estratégicos como la transformación digital, la modernización de la justicia electoral, el voto informado y la transparencia. Sin embargo, la falta de recursos puede frenar estos avances.
Además, recordó que los centros poblados requieren atención prioritaria. Si estos no son incluidos de manera efectiva en el proceso electoral, se podría generar “una sensación de exclusión y desigualdad en el ejercicio del derecho al voto”, advirtió.
En particular, mencionó la necesidad de garantizar recursos para fiscalizar el voto digital y reforzar la ciberseguridad de los sistemas, ante un escenario en el que las vulnerabilidades tecnológicas podrían comprometer el resultado de las elecciones.
¿Qué pasa si no se aprueba el presupuesto adicional?
La falta de recursos podría traducirse en:
- Débil logística electoral, con problemas en la instalación de mesas de votación y retrasos en el conteo de votos.
- Fiscalización insuficiente, que abriría espacio a cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
- Exclusión en centros poblados, afectando la percepción de equidad electoral.
- Mayor riesgo tecnológico, por la imposibilidad de reforzar los sistemas de voto digital y padrón electoral.
El presidente del JNE insistió en que la demanda no se trata de un capricho institucional, sino de una condición necesaria para asegurar elecciones transparentes, inclusivas y seguras. “Estos recursos permitirán consolidar al JNE como un organismo imparcial y fortalecido, orientado a recuperar la confianza ciudadana”, subrayó Burneo.
Un reto para el Congreso y el Ejecutivo
La pelota está ahora en la cancha del Parlamento y del Ejecutivo, que deberán evaluar si aprueban la incorporación de la demanda adicional en el presupuesto nacional. En un país marcado por la polarización política y la desconfianza hacia las instituciones, la correcta organización de las elecciones de 2026 será decisiva para la gobernabilidad y la estabilidad democrática.
La pregunta clave es si el Estado asumirá el costo de garantizar comicios legítimos o si arriesgará, por falta de recursos, un proceso que ya se perfila como uno de los más complejos de la historia reciente.