El tablero electoral vuelve a moverse, pero no por cálculo político sino por vacío legal. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió dejar fuera de carrera presidencial al Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), al declarar infundada la apelación con la que la agrupación buscaba sostener su participación tras la muerte de su candidato, Napoleón Becerra García.
El argumento del partido —que los vicepresidentes podían asumir la posta— no encontró eco. El JNE se ciñó a la norma: no hay figura de reemplazo para un candidato presidencial fallecido en pleno proceso. Así, la plancha quedó automáticamente desactivada. Más que una interpretación polémica, lo que emerge es la rigidez de un sistema que no prevé lo improbable, pero posible.
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El episodio deja al descubierto una zona gris en la legislación electoral peruana. ¿Debe una candidatura completa desaparecer ante la muerte de su cabeza? ¿No existe margen para preservar la voluntad partidaria y del electorado? Por ahora, la respuesta institucional es negativa.
Sin embargo, el golpe no es total. El PTE mantiene en pie sus listas al Congreso y al Parlamento Andino, lo que le permitirá seguir en la contienda, aunque sin vitrina presidencial. Una supervivencia parcial que, en la práctica, reduce su visibilidad y capacidad de arrastre.
En el balance político, la exclusión recorta el ya fragmentado menú de candidaturas y reordena —aunque mínimamente— la competencia. Pero el impacto de fondo es otro: la evidencia de que el sistema electoral sigue operando con reglas pensadas para escenarios ideales, no para contingencias.
El JNE, fiel a su rol de árbitro, opta por la seguridad jurídica antes que por la flexibilidad. La pregunta es si esa misma firmeza, en contextos excepcionales, termina por sacrificar representación.