El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evaluó este jueves 15 de enero las apelaciones contra las tachas presentadas a las candidaturas presidenciales de Mario Vizcarra, de Perú Primero, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, en audiencias públicas virtuales realizadas ante el Pleno del máximo organismo electoral. Tras escuchar los argumentos de las partes, los magistrados decidieron dejar ambos casos al voto, por lo que el pronunciamiento final se conocerá en los próximos días.
Las audiencias se desarrollan en un contexto clave del cronograma electoral 2026, marcado por una creciente judicialización del proceso y por la expectativa de las organizaciones políticas sobre la conformación definitiva de la oferta presidencial. Las decisiones del JNE serán determinantes para definir quiénes continúan en carrera en una contienda caracterizada por la alta polarización política.
El caso Mario Vizcarra y la apelación de Perú Primero
En el caso de Mario Vizcarra, el Pleno del JNE revisó la apelación interpuesta por el partido Perú Primero contra la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, que en primera instancia declaró fundadas tres tachas electorales presentadas por ciudadanos. Estas tachas se sustentan en la condena por peculado dictada en 2005, la cual —según los objetantes— lo inhabilitaría para postular a un cargo de elección popular.
Durante la audiencia, la defensa legal del partido estuvo a cargo del exministro Alejandro Salas, candidato al Senado, y del abogado Virgilio Hurtado. Ambos sostuvieron que la resolución del JEE vulnera derechos fundamentales del candidato, en particular el derecho a la participación política y el derecho a la resocialización, al desconocer la existencia de una rehabilitación vigente.
Salas argumentó que la situación jurídica de Vizcarra es clara y que cualquier intento de cuestionar su rehabilitación ya fue resuelto por las instancias correspondientes. “El derecho a elegir y ser elegido es la piedra angular de la democracia”, afirmó, señalando que la decisión del JEE no solo afecta al candidato y a su partido, sino también a la integridad del proceso electoral.
El debate legal sobre la rehabilitación y la Ley 30717
Del otro lado, los ciudadanos que presentaron las tachas, representados por sus abogados, sostuvieron que la Ley 30717 es explícita al establecer impedimentos para postular a cargos públicos. Según el artículo 107, las personas condenadas por delitos dolosos como peculado, colusión o corrupción de funcionarios no pueden postular a cargos de elección popular, incluso si han sido rehabilitadas.
Este punto se ha convertido en el eje central del debate jurídico: si la rehabilitación penal restituye plenamente los derechos políticos del candidato o si, por el contrario, la legislación electoral establece un impedimento absoluto. El Pleno del JNE deberá definir el criterio aplicable, decisión que podría sentar un precedente relevante para futuros procesos electorales.
Apelación por tachas contra Rafael López Aliaga
En la misma jornada, el JNE también evaluó la apelación presentada por Renovación Popular respecto a las tachas formuladas contra la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga. Aunque los detalles específicos de este expediente difieren del caso Vizcarra, ambos comparten un escenario común: la revisión de cuestionamientos legales que buscan impedir la participación de candidatos con alto nivel de exposición política.
La defensa de Renovación Popular sostuvo que las tachas carecen de sustento legal suficiente y que el JEE correspondiente incurrió en una interpretación restrictiva de la normativa electoral. Los abogados pidieron al Pleno del JNE que revoque la decisión de primera instancia y permita la continuidad de la candidatura en respeto del principio de pluralismo político.
Impacto en el proceso electoral 2026
La decisión del JNE sobre estos casos tendrá un impacto directo en el escenario electoral y en la configuración de las principales candidaturas presidenciales. Tanto Mario Vizcarra como Rafael López Aliaga representan opciones políticas con bases electorales definidas, por lo que una eventual exclusión podría alterar el equilibrio de fuerzas en la contienda.
Además, estos procesos reavivan el debate sobre los límites entre sanción penal, rehabilitación y derechos políticos, así como el rol del sistema electoral en garantizar elecciones transparentes sin vulnerar derechos fundamentales. El pronunciamiento del Pleno será observado de cerca por partidos, analistas y organismos internacionales.
Expectativa por el fallo del JNE
Con los casos dejados al voto, el Jurado Nacional de Elecciones anunciará su decisión en los próximos días. El fallo será inapelable y marcará un hito en el desarrollo del proceso rumbo a las Elecciones Generales 2026, en un contexto de creciente escrutinio ciudadano sobre la idoneidad de los candidatos.
Mientras tanto, las organizaciones políticas involucradas aguardan el pronunciamiento final, conscientes de que el JNE no solo definirá candidaturas, sino también criterios jurídicos clave que podrían influir en futuros procesos electorales.