A fin de procesar, de manera célere y conforme a ley, a los delincuentes que son detenidos en flagrancia en diversos puntos del país, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya, solicitó al Ministerio Público a comprometerse con el funcionamiento de las unidades de flagrancia, en donde también operan representantes del Poder Judicial, la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia.
«El Ministerio Público no está colaborando con la incorporación de fiscales a estas unidades de flagrancia. Hacemos un llamado para que esta entidad se ponga del lado del resto de autoridades que combatimos la inseguridad ciudadana», indicó el jefe del Gabinete Ministerial.
Adrianzén Olaya lamentó que muchos delincuentes capturados por la Policía, incluso en múltiples ocasiones, son liberados por fiscales que no cumplen su trabajo. Asimismo, reiteró la voluntad del Gobierno para implementar unidades de flagrancia en Tumbes, Piura, El Santa y Pataz.
«En el Ejecutivo comprendemos que la reactivación económica y la seguridad ciudadana son caras de una misma moneda. No tendremos reactivación sino imponemos seguridad», manifestó.
