El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo abrió un proceso para recabar descargos de Daniel Luza Amésquita, identificado como el trabajador que utilizó una videocámara del Congreso de la República en un mitin de Keiko Fujimori, precandidata presidencial de Fuerza Popular, realizado en Trujillo el pasado 30 de octubre.
El organismo electoral también pidió descargos a Jaime Abensur Pinasco, funcionario que asumió la Oficialía Mayor del Congreso durante la ausencia de Giovanni Forno Flórez, desde el 23 de octubre hasta el 2 de noviembre de 2025, según consta en el Memorando N.º 106-2025-2026-OM-CR.
Ambos funcionarios son investigados por una presunta infracción al principio de neutralidad estatal, clave en la normativa electoral peruana, que prohíbe la utilización de recursos del Estado con fines políticos durante los procesos electorales.
Procedimiento de notificación y requisitos del JEE
Según la resolución del Jurado Electoral de Pacasmayo, los implicados deben generar su casilla electrónica en el portal del JNE, requisito indispensable para recibir notificaciones oficiales del organismo. La resolución advierte que, en caso de incumplimiento, las posteriores resoluciones se considerarán válidamente notificadas mediante la publicación en el panel del JEE y en el portal institucional del JNE.
En el caso de Daniel Luza Amésquita, la notificación se realizará en su domicilio real, dado que ya no labora en el Congreso. Mientras tanto, Abensur Pinasco recibirá la comunicación a través de la mesa de partes virtual del Parlamento, cumpliendo los procedimientos establecidos por el organismo electoral.
Posibles implicancias para el proceso electoral 2026
El uso de cámaras del Congreso en actividades políticas plantea cuestionamientos sobre la neutralidad de las instituciones estatales durante la campaña presidencial. Expertos en derecho electoral consultados por Caretas advierten que la investigación podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios y trabajadores del Estado que intervengan en actos partidarios utilizando recursos públicos.
Entre las preguntas clave que surgen de este caso están:
- ¿Podría este hecho derivar en sanciones penales o administrativas para los funcionarios involucrados?
- ¿Cómo garantizará el Congreso que sus recursos no sean utilizados en favor de candidatos durante las elecciones 2026?
Contexto de la neutralidad estatal y antecedentes
El principio de neutralidad estatal es uno de los pilares del sistema electoral peruano. Busca evitar que funcionarios públicos o recursos del Estado beneficien a partidos políticos o candidatos específicos. Casos previos en otras jurisdicciones han evidenciado sanciones tanto para instituciones como para funcionarios que incumplen esta norma, incluyendo suspensión de labores y multas.
En el contexto de las Elecciones Generales 2026, donde la competencia entre precandidatos es cada vez más intensa, la fiscalización sobre el uso de recursos estatales adquiere mayor relevancia. La resolución del JEE Pacasmayo refleja la importancia de proteger la integridad del proceso electoral y asegurar que los funcionarios del Estado actúen dentro del marco legal.
Próximos pasos y seguimiento del caso
El JEE Pacasmayo establecerá un plazo para la presentación de los descargos de Luza Amésquita y Abensur Pinasco. Posteriormente, evaluará las pruebas y determinará si se configura alguna infracción al principio de neutralidad estatal.
Este caso será observado de cerca por expertos electorales, medios de comunicación y ciudadanía, dado que podría marcar un precedente en la responsabilidad de los funcionarios del Congreso y el uso adecuado de los recursos públicos en períodos electorales.
La investigación también pone sobre la mesa la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno en el Parlamento, para evitar la repetición de situaciones donde equipos o personal del Estado puedan ser utilizados con fines partidarios.