En un mensaje de firmeza institucional, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, ratificó que ninguna autoridad u organismo del Estado tiene la potestad de suspender, modificar o interferir en resoluciones expedidas sobre procesos judiciales en curso. La magistrada subrayó que el principio de separación de poderes es el pilar que sostiene la democracia y que su vulneración atenta directamente contra la Constitución Política.
Tello Gilardi recordó que el artículo 139, inciso 2 de la Carta Magna, es explícito al señalar que ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ni cortar procedimientos en trámite. “Hacerlo constituye un agravio contra la autonomía e independencia judicial”, señaló, tras expresar su confianza en que las demás instituciones asuman con responsabilidad el respeto a la función jurisdiccional.
La independencia como garantía ciudadana
Para la máxima autoridad judicial, la independencia de los magistrados no debe entenderse como un privilegio del gremio, sino como la única protección real para los ciudadanos. Según Tello Gilardi, la historia peruana demuestra que cuando la judicatura se somete al poder político, las primeras víctimas son aquellos que carecen de influencias y recursos.
“Garantizamos que el Poder Judicial nunca se someterá a los intentos de interferencia, vengan de donde vengan, ni permitirá que en el Perú reine la impunidad”, recalcó la magistrada.
Balance de gestión 2025 y retos para el 2026
Al cumplirse un año desde que asumió el cargo en enero de 2025, hizo un balance de su gestión, destacando la respuesta firme ante intentos de presión o deslegitimación mediática. Precisó que su objetivo no es solo mejorar indicadores estadísticos, sino transformar el servicio de justicia en una herramienta contra la discriminación y el abandono.
Finalmente, Tello Gilardi saludó la labor de los jueces en la lucha contra la delincuencia y la corrupción, reafirmando una política de “puertas abiertas” para generar alianzas con el sector público y privado, siempre que estas contribuyan al desarrollo del país sin comprometer la imparcialidad de la justicia.