A raíz del asesinato de 13 trabajadores vinculados a un minero en vías de formalización que tenía contrato con Minera Poderosa, el especialista en políticas extractivas Iván Arenas advierte que el crimen debe entenderse no solo como un acto violento, sino como una respuesta directa y premeditada contra los intentos de ordenar la actividad minera en zonas controladas por bandas ilegales.
En entrevista con CARETAS, Arenas aclara que las víctimas no eran subcontratados, como ha declarado erróneamente la presidenta Dina Boluarte, sino parte de un programa de formalización promovido por Poderosa ante el fracaso del Reinfo. “Ahí no hay subcontrato. Lo que hay es un contrato de explotación. Es decir, un esfuerzo concreto de formalizar lo que el Estado ha sido incapaz de ordenar”, explica.
El mito de la “minería ancestral”
Arenas cuestiona duramente el discurso que intenta legitimar la minería ilegal como una supuesta herencia de los pueblos originarios. “Hablar de minería ancestral en Pataz es una falacia. No existe tal cosa en esas zonas. Lo que hay es un relato construido para justificar la invasión de concesiones por parte de operadores políticos al servicio de redes ilegales”, afirma.
Según el especialista, este discurso, repetido por políticos y opinadores, busca allanar el camino para apropiarse de concesiones calificadas como “ociosas”, con argumentos que no tienen sustento ni en la historia ni en el marco constitucional. “El Estado empieza con la Constitución, y esta iguala a todos. No hay derechos especiales para unos sobre otros en cuanto a propiedad minera”, señala.
“No mataron a mineros, mataron a la seguridad”
Arenas también precisa un dato crucial sobre el ataque en Pataz: las víctimas no eran mineros artesanales, sino trabajadores de seguridad. “Eso no es un detalle menor. No asesinaron a los mineros porque ellos no son el objetivo y un trabajador minero tiene el know how que resulta fundamental para el rubro. El mensaje es claro: ‘sigue trabajando, pero no te acerques a la minera formal’. Es un acto de intimidación directa contra la formalización”.
El crimen, señala, fue cometido contra un trabajador que tenía contrato de explotación con Minera Poderosa, en el marco de un programa que ya incluía a más de 280 mineros en proceso de formalización. Poderosa, a diferencia de otras empresas de la zona, posee la mayor cantidad de concesiones y está ubicada en el núcleo aurífero más disputado de Pataz.
Corrupción estructural e impunidad
Arenas denuncia que el avance de la minería ilegal es inseparable de la corrupción en el aparato estatal. “Nada de esto se sostiene sin complicidad policial, fiscal y judicial. La propia policía dio información falsa sobre los primeros desaparecidos. El ministro del Interior fue al Congreso a decir que ‘no se puede hacer nada’. ¿Cómo se entiende eso?”.
Propone cambios urgentes: rotación total de fiscales y jueces ambientales en La Libertad, así como la reestructuración de los mandos policiales implicados. “Ya hay información sobre más fosas y más víctimas, pero no quieren decirlo. Lo que estamos viendo en Pataz es el punto más alto de una degradación institucional que lleva años incubándose”.
