El 2026 comenzó con una alarmante ola de violencia en el país. Solo en la primera semana de enero se registraron 37 asesinatos a nivel nacional, pese a la vigencia del estado de emergencia, según cifras del Sistema de Información de Defunciones del Ministerio de Salud. Lima y el Callao concentraron 15 de estos homicidios, lo que confirma el deterioro de la seguridad ciudadana.
Entre las víctimas figuran menores de edad y trabajadores del transporte público. En San Juan de Lurigancho, dos adolescentes de 15 y 17 años fueron asesinados a balazos cuando intentaron evitar el robo de sus celulares. Días después, en Comas, un conductor de combi murió tras ser atacado por un sicario, en un presunto caso de extorsión.
La violencia no es un fenómeno aislado. El 2025 cerró con 2.236 homicidios, la cifra más alta registrada en el país desde que se tienen datos comparables. Expertos advierten que, de mantenerse la actual estrategia del Gobierno, el número de crímenes podría aumentar este año.
José Manuel Saavedra, especialista en seguridad ciudadana, sostuvo que el Estado ha perdido presencia en varios distritos con alta incidencia delictiva, como el Callao, Huacho y San Juan de Lurigancho. “Si no se implementan medidas efectivas, este año podría ser aún más violento”, alertó.
El experto señaló que los estados de emergencia decretados por el Ejecutivo no han dado resultados debido a la ausencia de acciones estructurales. Entre las principales falencias mencionó la falta de inteligencia policial focalizada, un control territorial real, una reforma urgente del sistema penitenciario y liderazgo político sostenido.
En la misma línea, el analista Nicolás Zevallos indicó que el Gobierno enfrenta la criminalidad “a ciegas”, ya que no cuenta con información estadística actualizada. Recordó que el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), encargado de clasificar y analizar los homicidios, no publica reportes desde 2021, lo que dificulta una respuesta eficaz.
El sector transporte es uno de los más golpeados. Según datos del Ministerio Público, en 2025 fueron asesinados alrededor de 56 choferes, y en los primeros días de 2026 ya se reportan al menos cinco homicidios contra taxistas, mototaxistas y conductores de transporte público, la mayoría vinculados al cobro de cupos por bandas criminales.
Los especialistas coinciden en que, sin una estrategia integral y sostenida, que incluya mayor presencia policial, fortalecimiento del sistema de inteligencia y control de las cárceles, la violencia seguirá escalando y afectando a los sectores más vulnerables de la población.