El abogado penalista Humberto Abanto brindó declaraciones sobre la sentencia por violencia psicológica contra Gino Ríos, actual presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y su impacto en el ejercicio de su cargo. Abanto explicó que, según la legislación vigente, esta condena no constituye un impedimento para que Gino Ríos continúe en el cargo, ya que la sentencia fue emitida en 2011, antes de la entrada en vigencia de la Ley 30364 en 2015.
Contexto Legal: ¿Qué Establece la Ley 30364?
La Ley 30364 establece un marco normativo con el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, los niños y los adolescentes en el Perú. Entre sus disposiciones, la ley establece que aquellos condenados por delitos de violencia familiar, incluidos delitos de violencia psicológica, no podrán ocupar ciertos cargos públicos, especialmente aquellos relacionados con la justicia o funciones de gobernanza que impliquen la protección de derechos fundamentales.
En este sentido, la ley aplicaría a condenas por delitos cometidos después de su promulgación en 2015. Sin embargo, la sentencia contra Gino Ríos, en la que se le encontró culpable de violencia psicológica, data de 2011, lo que claramente la coloca fuera del alcance de la Ley 30364.
Abanto Expone su Argumento: Un Análisis Jurídico
Humberto Abanto, en su intervención con el programa 2025 en 24 Horas, explicó que la sentencia contra Gino Ríos no puede ser considerada como un impedimento para que él ocupe el cargo de presidente de la Junta Nacional de Justicia, debido a que la ley que regula este tipo de impedimentos fue promulgada después de la condena. Abanto hizo hincapié en que los impedimentos legales para acceder a cargos públicos deben estar claramente establecidos en la normativa vigente al momento de cometerse el delito, y en este caso, la condena se emitió antes de que se aprobara la Ley 30364.
“Lo que establece la ley es claro: para que una persona esté impedida de asumir un cargo público debido a una condena por violencia, esa condena debe haberse producido después de la promulgación de la Ley 30364. En este caso, la sentencia contra Gino Ríos se dictó en 2011, lo que significa que la ley no tiene aplicación retroactiva”, señaló Abanto.
El Derecho Constitucional a Postular a Cargos Públicos
Otro punto clave en las declaraciones de Abanto fue su referencia al derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos de postular a cargos públicos, salvo en casos expresamente estipulados en la ley. Abanto afirmó que, de aplicarse un impedimento en este caso, se estaría vulnerando una disposición fundamental de la Constitución peruana, que garantiza este derecho, a menos que exista una norma clara y expresa que lo prohíba.
“Es fundamental entender que la Constitución peruana garantiza el derecho de todos los ciudadanos a postular a cargos públicos, y los impedimentos deben estar claramente definidos. Aplicar una restricción sin una base legal sólida sería inconstitucional”, explicó el abogado. Esta interpretación resalta la importancia de la claridad en las leyes y de no aplicar normas de forma retroactiva, lo que podría generar incertidumbre jurídica.
El Rol de la Junta Nacional de Justicia
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) juega un papel fundamental en el sistema judicial del Perú. Se trata de un organismo encargado de la designación y remoción de jueces y fiscales, así como de la supervisión de la ética judicial y la transparencia en el poder judicial. Por tanto, la elección de quienes lideran este organismo es crucial para la imparcialidad y la independencia del sistema judicial.
El presidente de la JNJ, en este caso Gino Ríos, tiene una responsabilidad importante en la reforma judicial y en la garantía de que los jueces y fiscales en el país actúen de acuerdo con los principios éticos y legales establecidos en la Constitución peruana. Dado el peso de sus funciones, las cuestionamientos sobre su elegibilidad deben ser resueltos dentro del marco de la ley.
¿Qué Implica Esta Controversia?
La controversia en torno a la sentencia de violencia psicológica contra Gino Ríos y su capacidad para liderar la JNJ pone en evidencia la importancia de contar con una legislación clara y adecuada para regular los impedimentos para ocupar cargos públicos. Si bien la Ley 30364 establece restricciones para quienes han sido condenados por violencia familiar, es crucial que las leyes sean interpretadas de manera coherente y que los ciudadanos conozcan los criterios exactos para determinar si un individuo puede o no acceder a ciertos cargos.
La Importancia de la Claridad Jurídica
La posición de Humberto Abanto resalta un principio esencial en la práctica jurídica: las leyes deben aplicarse de acuerdo con su letra y espíritu, respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este caso, el derecho a postular a cargos públicos es un principio fundamental que debe prevalecer, salvo que exista un impedimento claro y legítimo.
El debate sobre la elegibilidad de Gino Ríos para continuar en su cargo como presidente de la Junta Nacional de Justicia subraya la necesidad de una interpretación precisa de las leyes y su aplicación en un contexto adecuado, sin retroceder en el tiempo ni vulnerar los derechos constitucionales de los individuos.
