El parlamentario de Podemos Perú, Guido Bellido, presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley N° 12183/2025-CR, que propone la elección por voto popular de los magistrados del Poder Judicial (PJ). La iniciativa busca modificar el sistema de designación de jueces, actualmente a cargo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con el objetivo de democratizar el acceso a la función jurisdiccional.
Elección popular de magistrados: ¿Cómo funcionaría?
Según el proyecto, los magistrados accederían a sus cargos mediante procesos organizados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con supervisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La propuesta establece que la elección cumpla con los principios de transparencia, mérito, idoneidad, independencia e integridad, buscando consolidar un sistema judicial “accesible, imparcial y confiable”.
Diferencias con el modelo actual
Actualmente, la JNJ es responsable del nombramiento de jueces y fiscales, titulares y provisionales, a través de concursos basados en méritos. El proyecto de Bellido plantea reemplazar parcialmente este mecanismo por la elección directa de los ciudadanos, mientras que propuestas anteriores, como la del Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez, mantenían a la JNJ como entidad nombrante para garantizar la idoneidad y experiencia de los postulantes.
Fundamentos del proyecto
El documento indica que la ley regularía el procedimiento, los requisitos, el régimen electoral y las garantías aplicables a la elección popular de magistrados. Según Bellido, este cambio estructural busca fortalecer la independencia judicial y ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de participar en la selección de quienes administran justicia en el país.
Próximos pasos en el Congreso
El proyecto abre un debate sobre la independencia judicial y la participación ciudadana en el nombramiento de jueces, un tema que genera expectativas y controversia entre expertos, legisladores y organizaciones civiles. Los congresistas deberán analizar los alcances de esta iniciativa y su compatibilidad con la actual normativa del Poder Judicial.
