El anuncio de un paro nacional de transportistas para el 14 de noviembre ha encendido las alarmas en el Ejecutivo. Walter Carrera, vocero de la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani), informó que la decisión surge como una respuesta a la creciente ola de asesinatos de choferes de transporte público, pese al estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí.
En declaraciones a RPP Noticias, Carrera recordó que en las últimas semanas dos conductores fueron asesinados en la avenida Néstor Gambeta, en el Callao, presuntamente por sicarios vinculados a bandas de extorsionadores. “Lamentablemente, una familia más destruida. El estado de emergencia no está dando resultados”, lamentó el dirigente, quien pidió al Gobierno medidas urgentes para frenar la violencia que azota al sector transporte.
“Salimos con miedo a trabajar”
Según el representante de Asotrani, el clima de inseguridad es tan grave que muchos conductores temen salir a las calles. “Ya los conductores de todas las modalidades en Lima y Callao salimos con miedo a trabajar, porque no sabemos si vamos a regresar a casa”, declaró.
Carrera advirtió que la situación se ha vuelto “caótica” y confirmó que además de la paralización del 14 de noviembre, existe otra movilización programada para el 4 de noviembre. Ambas, dijo, buscan presionar al Gobierno a tomar acciones efectivas y no meramente declarativas frente al crimen organizado que se ha infiltrado en el transporte urbano.
Un llamado a la unidad ciudadana
En su mensaje, el dirigente convocó no solo a los gremios de transportistas, sino también a diversos colectivos ciudadanos, incluyendo a la llamada “Generación Z”, comerciantes de Gamarra, y estudiantes universitarios. “Debemos unirnos en una sola fecha, el 14 de noviembre, para exigir seguridad y justicia. Es hora de que la sociedad civil se sume a esta causa”, señaló.
El anuncio ocurre en medio de un contexto donde los gremios sienten que sus reclamos no han sido atendidos. Pese a las restricciones impuestas —como la prohibición de circular dos personas en una motocicleta lineal—, los ataques contra choferes continúan. Los sindicatos sostienen que las medidas del Ejecutivo se limitan a operativos superficiales que no desarticulan las verdaderas estructuras criminales.
“Leyes pro-crimen” que benefician a los delincuentes
Walter Carrera fue más allá en su crítica y responsabilizó directamente a la reforma legal impulsada por el Congreso. Según el dirigente, las recientes normas aprobadas han generado un escenario de impunidad. “Estas llamadas leyes pro-crimen, como la Ley 3208, modifican la Ley del Crimen Organizado y dificultan la persecución de los delincuentes. También la Ley 32052, que excluye a los partidos políticos de ser considerados organizaciones criminales, y la norma de prescripción de delitos de lesa humanidad, forman un paquete que protege a los poderosos”, sostuvo.
Carrera recordó que en la última mesa de trabajo del Parlamento ya había advertido que estas normas debilitan el accionar del Ministerio Público y de la Policía Nacional, creando vacíos que son aprovechados por los grupos de extorsión y sicariato.
Otro frente de protesta: el paro del 4 de noviembre
Horas antes del anuncio de Asotrani, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, confirmó también a RPP que su gremio realizará un paro de 24 horas el martes 4 de noviembre, tras recibir nuevas amenazas de bandas criminales.
Ojeda explicó que, aunque se había acordado un apagado de motores simbólico el 29 de octubre, la situación se agravó porque “varias empresas de los conos de Lima han recibido nuevas amenazas entre ayer y anteayer”. Ante ello, pidió comprensión a la ciudadanía e instó a apoyar la medida “con cacerolazos y solidaridad”.
Inseguridad sin freno y un Estado sin respuestas
El paro del 14 de noviembre se proyecta como una de las protestas más amplias del sector transporte en los últimos años. Mientras los gremios exigen garantías de seguridad, el Ejecutivo enfrenta crecientes críticas por la ineficacia del estado de emergencia y la falta de coordinación entre la Policía y los municipios locales.