El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, supervisó el avance de la construcción de una base policial y un puesto de vigilancia en Pataz, en la región de La Libertad. Las obras, que ya se encontraban casi concluidas, formaban parte de un esfuerzo del gobierno por reforzar la seguridad en las zonas mineras del norte del país, tras varios incidentes de violencia registrados en la región. Las autoridades confirmaron que la infraestructura estuvo lista a finales de abril de 2025, lo que permitió mejorar la presencia del Estado en la zona.
Durante la supervisión, Adrianzén destacó la colaboración de la empresa minera Poderosa, que jugó un papel clave en las actividades de vigilancia en el corredor minero. La minera había sido víctima de un atentado armado, lo que subrayó la urgencia de fortalecer la seguridad en la región. Acompañado por el ministro de Defensa, Walter Astudillo, el presidente del Consejo de Ministros resaltó el esfuerzo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas para garantizar la paz y el orden en un área marcada por la minería ilegal y el crimen organizado.
Una de las obras más relevantes fue la construcción de una base policial de alta capacidad en El Alto, que albergó a unos 180 efectivos entre policías y militares. Esta base se convirtió en un pilar fundamental para asegurar la cobertura operativa en la región, donde el crimen organizado tenía presencia significativa. La instalación mejoró la capacidad de respuesta ante incidentes, garantizando un entorno más seguro para la población local y las operaciones mineras.
Adrianzén también informó sobre la construcción de un helipuerto, que permitirá una respuesta más ágil en casos de emergencia, y el inicio de un Centro de Flagrancia. Este centro, que reunirá a varias instituciones como el Poder Judicial y la Policía Nacional, para agilizar los procesos judiciales y garantizar justicia inmediata en casos de flagrancia. La creación de estas infraestructuras forma parte de la estrategia del gobierno para combatir la impunidad y mejorar la seguridad y la justicia en las regiones más afectadas por el crimen.
