El presidente José María Balcázar pasó, en cuestión de horas, de afirmar que la compra de aviones de combate —específicamente F-16 en su versión Block 70 de Estados Unidos— ya había sido decidida durante la gestión de José Jerí, a sostener que el proceso sigue abierto y sin modelo definido
En entrevista con una radio local, el presidente Balcazar había señalado horas antes: «El tema que se ha decidido por seguridad con Estados Unidos no lo ha hecho mi gobierno, sino el anterior. Yo tengo que continuarlo, porque ya es una situación decidida».
La rectificación no solo matiza el anuncio inicial, sino que expone una falta de claridad en uno de los proyectos más sensibles de la política de defensa: la modernización de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que implicaría una inversión multimillonaria y compromisos de largo plazo.
En un comunicado difundido por la Presidencia, el Ejecutivo precisó que el proceso de adquisición “aún no ha finalizado” y que la selección del proveedor se realizará una vez culminadas todas las etapas establecidas en la normativa vigente. El pronunciamiento marca un cambio respecto a lo señalado previamente por el mandatario, quien incluso atribuyó la decisión al gobierno anterior.
Desde el ámbito político, la versión presidencial fue rápidamente cuestionada. El exjefe del Gabinete, Ernesto Álvarez, negó que en el gobierno de Jerí se hubiera adoptado una decisión definitiva, desmintiendo la idea de una compra heredada y cerrada.
Pero las dudas no se limitan al plano político. El internacionalista Andrés Gómez de la Torre fue más allá y apuntó a un problema estructural: “En el Perú hay una debilidad en la toma de decisiones en defensa; muchas veces los anuncios políticos no reflejan el estado real de los procesos técnicos”.
Sobre la compra de los aviones, fue enfático: “No hay una decisión cerrada. Es un proceso en evaluación que debe considerar capacidad operativa, sostenibilidad, costos de mantenimiento y entrenamiento”. En esa línea, advirtió que presentar la adquisición como definida —particularmente en el caso de los F-16— resulta “prematuro y técnicamente irresponsable”.
Uno de los principales puntos de debate es el costo frente a la cantidad de aeronaves. El presupuesto inicial contempla alrededor de US$ 3.500 millones para la adquisición de 24 aviones; sin embargo, alternativas evaluadas implicarían obtener aproximadamente 12 unidades por un monto similar, lo que abre interrogantes sobre eficiencia y planificación.
Gómez de la Torre también subrayó que la FAP enfrenta una brecha crítica en capacidades, pero insistió en que la solución no pasa únicamente por adquirir cazas: “Se requiere un enfoque integral que incluya logística, mantenimiento y planificación a largo plazo”. Sin ese sustento, advirtió, cualquier compra corre el riesgo de volverse insostenible.
Más allá del caso puntual, el analista cuestionó la forma en que se comunican estas decisiones. “Hay una tendencia a politizar temas estratégicos, lo que genera confusión y debilita la credibilidad del Estado”, señaló, al tiempo que advirtió sobre la ausencia de una política de defensa coherente que trascienda gobiernos.
El episodio revela un problema recurrente en el Ejecutivo: anuncios de alto impacto que luego deben ser corregidos. En materia de defensa, donde los márgenes de error son estrechos y las inversiones cuantiosas, las contradicciones pesan más.
Por ahora, lo único claro es que la compra no está cerrada. Y que, entre versiones cruzadas y precisiones tardías, el Gobierno aún no logra definir —ni explicar— cuál será el rumbo final de una de sus decisiones más costosas y estratégicas.