El Poder Ejecutivo publicó este domingo el Decreto Supremo N.º 009-2026-PCM, que dicta disposiciones complementarias para la implementación de la Ley N.º 32490, norma aprobada en noviembre pasado para enfrentar los delitos de extorsión y sicariato que afectan a las empresas de transporte público y de carga. El Gobierno presentó la medida como la reglamentación de la ley, tras semanas de cuestionamientos por la demora en su aplicación.
La norma, refrendada por los ministros de Transportes y Comunicaciones, Interior, Economía y Finanzas, y otras carteras, busca reforzar la seguridad operativa, la protección de las víctimas y la continuidad del servicio, en un contexto de creciente violencia criminal que ha convertido al transporte en uno de los sectores más golpeados por las extorsiones.
El decreto llega pocos días después del paro de transportistas en Lima y Callao y tras los anuncios del presidente José Jerí, quien había fijado este domingo como plazo máximo para emitir las disposiciones complementarias, reconociendo retrasos previos en su implementación. Desde la Presidencia se afirmó que la medida marca un paso “de la defensiva a la ofensiva” contra el crimen organizado.
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Prevención y control financiero
Entre las medidas de prevención, el decreto encarga a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) supervisar el monitoreo que deben realizar las entidades financieras para detectar posibles movimientos vinculados a extorsiones, en especial transferencias relacionadas con denuncias por este delito.
Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) deberá certificar rutas, paraderos, terminales y vehículos considerados de riesgo, incorporando cámaras de videovigilancia y botones de pánico integrados al sistema C5i. Estas medidas se implementarán de manera progresiva, según la disponibilidad tecnológica y presupuestal.
La Policía Nacional del Perú, a través de su Observatorio del Crimen, elaborará mapas delictivos georreferenciados para identificar zonas críticas y orientar la planificación de operaciones preventivas y disuasivas. Además, se dispone la implementación de capacitaciones para detectar y denunciar actos de extorsión, con un plan que deberá elaborarse en un plazo de siete días.
Respuesta inmediata y protección de víctimas
En el ámbito de la respuesta, el decreto establece centros de comando y patrullaje focalizado de la PNP, con participación de unidades especializadas en extorsión y sicariato, articuladas con sistemas de videovigilancia de gobiernos locales y regionales.
La norma refuerza las medidas de protección a las víctimas, entre ellas la reserva de la identidad del denunciante, canales de orientación telefónica, botones de pánico antiextorsión y atención inmediata, además de patrullaje especializado para propietarios, conductores, pasajeros y familiares amenazados. También se dispone una coordinación permanente entre la Policía y las fiscalías especializadas para optimizar las investigaciones.
Para garantizar la continuidad del servicio, el MTC podrá implementar rutas provisionales en zonas de alto riesgo, con el objetivo de evitar la interrupción del transporte y el desabastecimiento de productos esenciales.
Recuperación y apoyo económico
En la fase de reactivación y recuperación, el decreto impulsa la creación de un fondo de apoyo financiero postdelito, que será financiado con bienes incautados al crimen organizado. Este mecanismo permitirá otorgar créditos blandos, compensaciones y apoyo económico a las empresas afectadas.
La norma también contempla atención psicológica a las víctimas, programas de reinserción laboral a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y el programa Ruta Segura Restablecida, destinado a la reparación de infraestructura y equipamiento dañados por atentados. Asimismo, se refuerza la aplicación de la extinción de dominio y el trabajo del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES).
La publicación del decreto busca responder a la presión del sector transporte y a la creciente alarma ciudadana, aunque su eficacia dependerá de la rapidez y consistencia con la que el Estado logre traducir las disposiciones normativas en acciones concretas frente a un fenómeno criminal en expansión.