El Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo N° 127-2025-PCM, que modifica el actual estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, con el objetivo de optimizar la coordinación entre las fuerzas de seguridad y fortalecer la respuesta frente a la criminalidad urbana.
La norma, vigente por 30 días, dispone la conformación del Comando de Coordinación Operativa Unificada, presidido por el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) e integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los municipios y otras entidades estratégicas. Este comando centralizará las acciones conjuntas para restablecer el orden interno y reducir los índices de violencia.
Asimismo, se crea un Comité de Inteligencia liderado por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), que integrará información de diversas agencias y aplicará tecnología satelital, drones y sistemas de reconocimiento facial para el seguimiento de actividades ilícitas.
En materia penitenciaria, el decreto endurece las restricciones: solo se permitirá una visita semanal en régimen cerrado y una quincenal en régimen especial, con control policial y militar en los accesos. Además, se autoriza la vigilancia por drones, apagones eléctricos en celdas y operativos de incautación de equipos ilegales dentro de los penales.
Entre las medidas urbanas, se prohíbe la circulación de dos adultos en motocicletas lineales, el uso de cascos o prendas que dificulten la identificación y se refuerzan los controles de identidad en viviendas y transporte público.
El decreto también activa el sistema de recompensas ciudadanas para facilitar la captura de miembros de organizaciones criminales, extorsionadores y requisitoriados. Se realizarán operativos contra mercados ilegales, tráfico de armas, drogas y celulares de procedencia dudosa, bajo supervisión de un comité multisectorial que incluye a SUNAT, OSIPTEL, SUCAMEC y RENIEC.
Los cadetes del último año de la PNP y de las Fuerzas Armadas brindarán apoyo administrativo y logístico, liberando personal operativo para tareas de patrullaje activo. Además, se otorgarán reconocimientos e incentivos a quienes destaquen en la ejecución del operativo.
Con estas disposiciones, el Gobierno busca elevar la eficacia del estado de emergencia y fortalecer la respuesta integrada del Estado frente a la delincuencia organizada en las principales zonas urbanas del país.