El Gobierno del presidente José Jerí presentó al Congreso un proyecto de ley con el que solicita facultades legislativas por 60 días en temas clave como seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional. La propuesta, enviada con carácter de “muy urgente”, busca acelerar la emisión de decretos que complementen lo que el Ejecutivo ha denominado una “guerra frontal contra la delincuencia”.
La iniciativa fue anunciada por el propio mandatario a través de su cuenta oficial, donde destacó que la delegación de facultades permitirá agilizar medidas complementarias a las ya implementadas por la Policía y los sectores involucrados en la estrategia de seguridad. El pedido se formalizó mediante un oficio dirigido al primer vicepresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, quien actualmente se encuentra a cargo de la agenda legislativa.
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Una urgencia marcada por la crisis de seguridad
El Ejecutivo sostiene que el Perú atraviesa una “crisis de seguridad ciudadana sin precedentes”, caracterizada por el crecimiento sostenido de delitos como extorsión, sicariato y secuestro, que ya afectan a regiones de costa, sierra y selva. En la exposición de motivos del proyecto se afirma que las bandas criminales han logrado una expansión territorial que les permite operar con estructuras consolidadas, redes financieras internas y conexiones transnacionales.
Según el Gobierno, esta situación exige medidas de respuesta extraordinarias, razón por la que se solicita que el Congreso permita legislar mediante decretos legislativos, una herramienta que en otros periodos ha sido utilizada para acelerar reformas en materia de seguridad.
El documento también advierte que la criminalidad organizada ha consolidado un control operativo en zonas estratégicas del país, lo que eleva el riesgo para la ciudadanía e impacta directamente en la actividad económica, tal como se vio en sectores como transporte, comercio minorista y construcción.
Un paquete de facultades orientado a medidas inmediatas
El pedido del Ejecutivo plantea que, de aprobarse, el Gobierno podrá emitir decretos sobre aspectos relacionados con:
- Fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú (PNP)
- Medidas contra la extorsión y redes de cobro de cupos
- Endurecimiento penal para delitos de alto impacto
- Regulación de seguridad privada y patrullaje integrado
- Reforma de inteligencia policial para combatir organizaciones criminales
- Mejora del sistema de control y supervisión del personal penitenciario
Sin embargo, no solo se trata de seguridad. El gabinete ha incluido también medidas económicas y de modernización del Estado dentro del paquete.
Crecimiento económico en riesgo: alerta del Gobierno
El proyecto enviado al Congreso reconoce que, si bien la economía peruana muestra signos de consolidación, existen factores de riesgo que podrían afectar las proyecciones de crecimiento para 2025 y 2026. Entre ellos se mencionan tres puntos clave:
- Conflictividad social e inseguridad ciudadana, que afectan inversiones y paralizan proyectos.
- Condiciones climáticas adversas, como la posible llegada de un nuevo Fenómeno El Niño o La Niña, con impacto en agricultura y pesca.
- Un contexto internacional incierto, marcado por tensiones geopolíticas, restricciones comerciales y menor demanda externa.
El Ejecutivo asegura que, de obtener facultades, impulsará normas para agilizar la inversión privada, promover actividades productivas afectadas por conflictos y reforzar la respuesta del Estado frente a emergencias climáticas.
El componente institucional: modernizar el aparato estatal
El tercer eje del pedido está centrado en el fortalecimiento institucional. El Ejecutivo advierte que el Perú requiere un Estado moderno, articulado y eficiente, capaz de implementar políticas públicas sin trabas administrativas y con capacidad operativa a nivel regional y local.
El documento remarca que el país aún mantiene brechas estructurales en sistemas críticos como gestión pública, digitalización de procesos, contratación estatal y supervisión de servicios. Para ello se propone legislar en temas como:
- Simplificación administrativa
- Transformación digital
- Reformas de gestión pública
- Fortalecimiento de sistemas de control interno
Este bloque de facultades apunta a mejorar la capacidad de respuesta del Estado en seguridad, inversión y servicios públicos, un aspecto que el Gobierno considera indispensable para enfrentar la crisis actual.
La solicitud al Congreso: trámite considerado “muy urgente”
El oficio enviado al Parlamento, fechado el 20 de noviembre, pide expresamente que la propuesta se tramite con carácter de muy urgente, en cumplimiento del artículo 105 de la Constitución. Este nivel de urgencia implica que el Parlamento puede priorizar el debate en la agenda legislativa, aunque su aprobación depende de una votación en el Pleno.
Fuentes del Ejecutivo señalan que el Gobierno espera un proceso rápido, considerando que las medidas de seguridad requieren aplicarse antes del inicio de 2026, año marcado por un aumento del crimen organizado y la proximidad del proceso electoral general.
Un debate que marcará el cierre del año político
La solicitud de delegación de facultades llega en un momento de tensión entre el Ejecutivo y sectores del Congreso, especialmente en temas de control político y reformas institucionales. No obstante, ambas partes han coincidido en los últimos meses en la necesidad de impulsar medidas más drásticas contra el crimen organizado.
El debate sobre la delegación podría convertirse en uno de los temas centrales de cierre del año político, pues su aprobación o rechazo condicionará la capacidad del Gobierno para ejecutar su estrategia de seguridad y dinamización económica.