El Gobierno de Dina Boluarte mantiene en tensión la relación del Perú con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El canciller Elmer Schialer anunció que el Ejecutivo ha conformado un grupo especial encargado de analizar la documentación y las razones de fondo para determinar si el país debe continuar siendo parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana.
En entrevista con Punto Final, Schialer señaló que las decisiones del organismo internacional “no se condicen con la realidad del Perú”, un argumento que viene repitiendo el Ejecutivo desde hace meses. “No está funcionando bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni la Comisión. Las sugerencias y resoluciones que emiten no corresponden a la situación real que vive el país”, afirmó.
Esta postura surge en un contexto en el que el Ejecutivo busca fortalecer su autonomía frente a instancias internacionales, en medio de múltiples críticas sobre la gestión de derechos humanos durante las protestas sociales de 2022 y 2023.
Antecedentes históricos: del fujimorismo a Boluarte
No es la primera vez que el Perú evalúa su permanencia en el sistema interamericano. En 1999, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se anunció la salida del país de la jurisdicción de la CIDH tras recibir fallos adversos en casos de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, la decisión nunca se concretó plenamente y el Perú continuó bajo la jurisdicción de la Corte.
Hoy, más de dos décadas después, el gobierno de Boluarte revive este debate, alegando que las resoluciones internacionales no toman en cuenta “las particularidades internas” y que afectan la capacidad del Estado para enfrentar problemas de seguridad interna, conflictos sociales y justicia.
“Venimos haciendo esfuerzos desde hace años para que el sistema interamericano sea más comprensivo y se adapte mejor a las realidades de cada país”, subrayó Schialer.
División en el Gabinete Ministerial
Aunque la presidenta Boluarte, el premier Eduardo Arana y el propio canciller se muestran favorables a una eventual salida, no todos en el Ejecutivo comparten esta posición.
El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, expresó abiertamente su desacuerdo:
“Yo soy de las personas que creen que no es conveniente separarnos de la Corte, pero hay ministros que sí lo creen. Al final, será el Ejecutivo quien tome la decisión”, declaró a Canal N.
Esta división interna refleja que la medida aún está lejos de concretarse y que, de adoptarse, podría generar fracturas políticas dentro del Gabinete, además de potenciales tensiones diplomáticas con otros países de la región que defienden la importancia del sistema interamericano.
Posibles consecuencias para el Perú
La eventual salida del país de la CIDH tendría implicancias profundas:
- Aislamiento internacional: Perú podría ser visto como un país que evade el escrutinio internacional en materia de derechos humanos.
- Debilitamiento de la institucionalidad democrática: Al no acatar los fallos de la Corte, el país podría perder credibilidad ante organismos multilaterales.
- Impacto en inversiones y cooperación internacional: La percepción de falta de garantías jurídicas podría ahuyentar a socios estratégicos y organismos financieros.
Pese a ello, Schialer afirmó que “otros países comparten la preocupación del Perú” y sugirió que existe un bloque regional que considera necesario “reformar” el sistema interamericano para hacerlo “más objetivo” y alineado con la realidad interna de los Estados miembros.
¿Qué pasará ahora?
El Ejecutivo ha anunciado que el grupo evaluador tendrá a su cargo un análisis técnico y legal para determinar los pasos a seguir. Aunque no hay un plazo oficial, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores indicaron que la decisión final podría conocerse en los próximos meses.
Por ahora, la posición del Gobierno parece ser presionar políticamente a la CIDH para que adopte criterios más flexibles frente a la realidad peruana. Sin embargo, si el país opta por romper vínculos con el sistema interamericano, se abriría un escenario complejo, con repercusiones jurídicas, diplomáticas y sociales.
