En medio del creciente debate sobre la relación entre el Estado peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el ministro de Justicia, Juan Alcántara, aseguró que el Gobierno no ha rechazado la autoridad del organismo internacional, pero sí está sometiendo a evaluación técnica y jurídica la reciente medida cautelar que impide la promulgación de una ley aún en trámite.
Durante declaraciones a Canal N, Alcántara remarcó que la presidenta Dina Boluarte no ha desautorizado a la Corte Interamericana, como se interpretó desde algunos sectores, sino que el Ejecutivo se encuentra analizando las implicancias legales de acatar una resolución que —según indicó— podría interferir con las competencias constitucionales del Poder Ejecutivo.
“La presidenta no ha rechazado a la Corte Interamericana. Lo que hemos dicho es que estamos haciendo una evaluación técnica y jurídica porque esta es una medida que nos ordena no hacer algo que está dentro del marco constitucional”, puntualizó.
La controversia parte de una ley aprobada por el Congreso —aún no promulgada por el Ejecutivo— que ha sido cuestionada por la Corte IDH al punto de emitir una medida cautelar para impedir su entrada en vigencia. Aunque Alcántara evitó dar detalles del contenido de dicha norma, enfatizó que el Gobierno no procederá sin antes culminar una revisión integral.
¿Se evalúa el retiro del Perú de la Corte IDH?
Consultado sobre si el Gobierno peruano está considerando un eventual retiro del sistema interamericano, Alcántara fue categórico: “No estamos hablando de un retiro en este momento. Estamos en un proceso de evaluación”.
El ministro explicó que un grupo de trabajo compuesto por especialistas del Ministerio de Justicia y de la Cancillería está analizando la situación. La decisión del Ejecutivo, afirmó, será tomada sobre la base de un informe técnico, sin premura y sin alineamientos políticos.
“Esto no tiene relación con otras posturas que se hayan adoptado en el pasado, como en el gobierno del señor Fujimori. Estamos actuando sobre criterios jurídicos propios”, añadió.
En ese sentido, Alcántara recalcó que cualquier cambio en la relación del Perú con la Corte IDH tendrá que ser debidamente fundamentado y comunicado públicamente, una vez que el análisis haya concluido.
Hasta entonces, sostuvo, el Gobierno tomará “el tiempo que sea necesario” para definir una postura que respete tanto la Constitución peruana como las obligaciones internacionales del Estado.
Patricia Benavides y el respeto a la institucionalidad
En otro momento de sus declaraciones, el titular de Justicia se refirió a la reciente resolución de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que ordena la reposición inmediata de Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema titular, luego de que fuera retirada por decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
El ministro aseguró que el Ejecutivo acatará el fallo judicial sin objeción, en respeto a la institucionalidad y a la independencia de poderes. “Nosotros respetamos la institucionalidad. Si el Poder Judicial ha evaluado las circunstancias y ha decidido que la señora Benavides debe regresar a su cargo, hay que cumplirlo”, declaró.
Patricia Benavides fue suspendida de sus funciones en abril de este año tras una investigación preliminar por presunta conformación de una red criminal en el Ministerio Público. Aunque su condición como exfiscal de la Nación aún está pendiente de resolución definitiva, el Poder Judicial resolvió en primera instancia que su remoción como fiscal suprema no se ajustó al debido proceso.
Alcántara evitó emitir un juicio sobre el fondo del caso, pero insistió en que las decisiones judiciales deben cumplirse, más allá de la posición política de las autoridades.
“El respeto a las decisiones del sistema judicial es una obligación de todos los peruanos, sin importar si estas decisiones generan consenso o rechazo político”, dijo.
Contexto de tensión institucional
Las declaraciones del ministro Alcántara se producen en un contexto político delicado, marcado por crecientes tensiones entre el Congreso de la República, el Poder Judicial y organismos internacionales como la Corte IDH.
La posible promulgación de leyes que afectan derechos fundamentales ha despertado alarma en organizaciones nacionales e internacionales, que alertan sobre un posible retroceso en el Estado de derecho. A la vez, sectores del Parlamento y del Ejecutivo han intensificado discursos que apelan a la soberanía nacional para justificar el cuestionamiento a instancias supranacionales.
En este escenario, las palabras del ministro buscan calmar las aguas: el Gobierno no estaría tomando aún una decisión radical, pero tampoco descarta una redefinición de su vínculo con el sistema interamericano, si considera que este excede sus competencias frente al orden constitucional interno.
Lo que está claro es que, tanto en el caso de la Corte IDH como en la situación de Patricia Benavides, el Ejecutivo ha optado por una estrategia de espera y análisis. En ambos frentes, la tensión jurídica se superpone al debate político. La palabra final aún no se ha dicho.
