El Gobierno peruano decidió no otorgar, por el momento, el salvoconducto solicitado por México para la ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanece asilada en la Embajada de México en Lima desde hace una semana.
“El efecto práctico es que no puede viajar a México”, afirmó el presidente José Jerí en conferencia de prensa, señalando que la medida se mantendrá “el tiempo que el Gobierno del Perú determine”.
La Cancillería explicó en un comunicado que la petición mexicana evidencia un “uso indebido” de la Convención de Caracas de 1954, norma que regula el derecho de asilo diplomático, y anunció que propondrá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una modificación para evitar su desnaturalización.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, en los últimos años “se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como persecución política”. En esa línea, el Gobierno peruano sostuvo que el derecho de asilo “se ha desvirtuado al otorgarse a quienes no sufren persecución en Estados democráticos, sino que son procesados o condenados por delitos comunes”.
La Cancillería precisó que ha realizado consultas internas y con juristas de la región, y que “oportunamente se dará a conocer el resultado” de las gestiones con otros países de la OEA. Hasta entonces, Betssy Chávez no podrá salir del país ni recibir el salvoconducto que le permitiría viajar a territorio mexicano.