El Gobierno del Perú ha puesto en marcha una renovada estrategia nacional para combatir la minería ilegal, centrada en tres pilares fundamentales: formalización minera, erradicación de actividades ilícitas y recuperación del medioambiente. Según el Alto Comisionado para el Combate de la Minería Ilegal, general Rodolfo García Esquerre, esta política busca enfrentar el problema desde su raíz, y no solo a través de operativos de interdicción.
La estrategia, denominada “Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal al 2030”, incorpora acciones de inteligencia para controlar el ingreso de insumos, maquinarias y recursos humanos que alimentan esta actividad ilegal. Además, se promueven alternativas económicas sostenibles y la restauración de zonas impactadas, como ya se aplica en Pataz (La Libertad), donde un Comando Unificado lidera un modelo replicable en regiones como Madre de Dios y Amazonas.
Hasta el 15 de junio, se han ejecutado 466 operativos a nivel nacional, con un promedio de 84 al mes. Estos esfuerzos han resultado en la destrucción de 1500 balsas, la intervención de 41 plantas de beneficio y el decomiso de más de 1200 motores. El valor total de los bienes intervenidos supera los S/ 1200 millones, lo que evidencia el impacto económico de estas acciones contra la minería ilegal.
El Estado continuará esta lucha con un enfoque articulado, involucrando a instituciones como la Policía Nacional, las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, las Fuerzas Armadas, la SUNAT, Osinergmin, OEFA, el Ministerio de Energía y Minas y Sucamec. Esta coordinación busca garantizar la sostenibilidad de las acciones emprendidas y proteger los ecosistemas y comunidades afectadas por esta actividad ilícita.