El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) anunció una iniciativa normativa que habilitará a la Policía Nacional y al Ministerio Público a revisar equipos informáticos en situaciones de flagrancia, como parte de un paquete de medidas dictado bajo las facultades legislativas delegadas por el Congreso. La propuesta plantea un cambio sustancial en el procedimiento penal, al permitir acceder a evidencia digital de manera inmediata en delitos considerados de alta peligrosidad.
Modificación del Código Procesal Penal: ¿qué cambiará?
El cambio central impulsado por el MINJUSDH consiste en modificar el Código Procesal Penal para incorporar una autorización expresa que faculte la revisión, extracción de datos y análisis de equipos informáticos cuando estos sean encontrados durante un escenario de flagrancia delictiva. Esta reforma se aplicará tanto en intervenciones policiales habituales como dentro de establecimientos penitenciarios, donde se investiga continuamente el origen de organizaciones delictivas.
La norma será clave para combatir delitos como la extorsión, el sicariato y el secuestro, actividades criminales que, según investigaciones policiales, se gestionan en gran parte mediante teléfonos celulares y dispositivos electrónicos utilizados por redes delictivas dentro y fuera de penales.
La propuesta abre preguntas que hoy están en debate en los sectores de justicia y seguridad:
¿Hasta qué punto esta autorización excepcional afectará los límites de la privacidad?
¿Qué garantías técnicas y legales se aplicarán para impedir abusos en el manejo de información personal?
El MINJUSDH señaló que la reforma mantiene controles internos y protocolos que aseguran que las intervenciones se realicen dentro de un marco regulado.
Acceso inmediato a evidencia: procedimiento de deslacrado y análisis forense
La iniciativa también establece un procedimiento inmediato de deslacrado y manipulación de equipos electrónicos, con el fin de evitar la pérdida de información o la intervención de terceros. Según la propuesta, la autoridad encargada podrá extraer y analizar muestras digitales sin necesidad de requerir una autorización judicial previa, siempre que se trate de un caso de flagrancia.
Este proceso incluirá:
- Registro del equipo terminal intervenido.
- Deslacrado inmediato en presencia de autoridades competentes.
- Extracción de información digital mediante herramientas forenses.
- Análisis preliminar para identificar datos relevantes del presunto delito.
- Custodia y conservación de la evidencia digital obtenida.
Estas medidas buscan evitar que los delincuentes eliminen datos, manipulen archivos o bloqueen accesos mediante sistemas de encriptación. En un contexto donde la evidencia digital es fundamental, la velocidad del proceso se considera clave.
La reforma responde a una interrogante que ha tomado relevancia en los últimos años:
¿Cómo actuar cuando la evidencia decisiva se encuentra en dispositivos que pueden ser borrados con solo presionar un botón?
Delitos de alto impacto: extorsión, sicariato y secuestro
El MINJUSDH explicó que esta medida se orienta principalmente a combatir delitos violentos que han registrado un crecimiento sostenido en distintas regiones del país. En el caso de la extorsión, la Policía ha detectado que la mayoría de amenazas, cobros y coordinaciones se realizan por celular mediante llamadas, mensajes o aplicaciones de mensajería encriptada.
En cuanto al sicariato, los equipos informáticos son utilizados para planificar ataques, identificar a las víctimas o coordinar fugas. Asimismo, las redes dedicadas al secuestro suelen emplear teléfonos móviles para negociar pagos, enviar pruebas de vida o coordinar movimientos logísticos.
Frente a ello, el Ministerio señaló que el acceso inmediato a estos dispositivos permitirá identificar presuntos autores, rutas de comunicación, posibles víctimas y células operativas. Esto, sostienen, reducirá los tiempos de reacción y aumentará las posibilidades de desarticular organizaciones criminales.
Intervenciones en penales: un punto crítico en la lucha contra el crimen organizado
Uno de los puntos más sensibles abordados por la reforma es su aplicación en establecimientos penitenciarios, donde se ha comprobado que continúan operando mafias dedicadas a la extorsión y otros delitos. Pese a los bloqueadores de señal, las autoridades reportan que los internos obtienen celulares y chips a través de redes de corrupción interna.
La modificación permitirá que, ante la detección de un dispositivo en flagrancia dentro de un penal, la autoridad pueda intervenirlo y revisar su contenido en el acto, sin proceso judicial previo. Esto cerrará una brecha operativa que, hasta ahora, generaba demoras y permitía que los internos eliminasen información relevante.
Además, se busca responder a una pregunta clave en seguridad penitenciaria:
¿Cómo impedir que la coordinación criminal siga saliendo desde las cárceles hacia las calles?
Garantías y límites: el debate sobre la privacidad digital
Si bien el Ministerio ha destacado el carácter excepcional y acotado de esta medida, diversos especialistas han planteado dudas sobre la posible afectación del derecho a la privacidad y el uso adecuado de la información extraída. En ese sentido, el sector Justicia subraya que el acceso a los datos se realizará únicamente en casos de flagrancia comprobada y dentro de un procedimiento regulado.
El MINJUSDH también precisó que esta intervención no constituye una autorización para analizar información ajena a la investigación, ni para acceder a comunicaciones protegidas por secreto profesional o información sensible sin justificación penal. Tras el análisis inicial, cualquier profundización deberá ajustarse a los estándares de control y cadena de custodia establecidos.
Así, la cartera busca equilibrar dos prioridades: fortalecer la capacidad del Estado para actuar frente a delitos violentos y garantizar que las medidas respeten los principios constitucionales.
Hacia una estrategia integral contra la criminalidad violenta
La modificación del Código Procesal Penal forma parte de un paquete más amplio de medidas que el Ejecutivo implementará en los próximos meses. Estas reformas buscan modernizar las herramientas legales frente a bandas criminales y delitos que se han sofisticado mediante el uso de tecnologías digitales.
Para el Gobierno, la capacidad de intervenir equipos informáticos de manera inmediata permitirá construir investigaciones más sólidas y responder con mayor rapidez ante la criminalidad organizada. Las autoridades sostienen que la evidencia digital ya no es un elemento complementario, sino un componente central para reconstruir hechos, identificar responsables y proteger a posibles víctimas.