Bandas criminales gobiernan los penales
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, reconoció la grave situación en las cárceles del país al señalar que las organizaciones criminales han consolidado un control interno “en un alto grado”. Durante una entrevista con el programa Panorama, el premier confirmó que el Ejecutivo evalúa declarar en emergencia al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) para recuperar el control estatal de los centros de reclusión.
“Se ha comprobado un alto grado de control de las bandas en los penales. Muchos líderes operan con total comodidad desde la cárcel, con acceso a internet y comunicación a través de antenas clandestinas”, declaró Álvarez. Según explicó, el propio presidente José Jerí ha verificado esta situación mediante operaciones con drones que revelaron la persistencia de redes criminales activas desde el interior de las prisiones.
Crisis penitenciaria y corrupción institucional
El premier sostuvo que el sistema penitenciario refleja la crisis estructural del Estado peruano, incapaz de garantizar el orden y la disciplina en las cárceles. “El Estado ha fracasado en prácticamente todas las actividades que regula o supervisa”, dijo Álvarez, aunque matizó que no todos los agentes penitenciarios son corruptos, destacando el trabajo de aquellos que cumplen su deber con integridad.
Sin embargo, los hallazgos de corrupción en la administración del Inpe, el ingreso de celulares, armas y dinero a los penales, y el control mafioso ejercido por internos de alta peligrosidad han encendido las alarmas en el Ejecutivo. ¿Puede el Estado recuperar el control de sus cárceles? Esa es la pregunta central que ahora enfrenta el gabinete de Jerí.
Plan de emergencia y traslado de reclusos peligrosos
En respuesta a esta situación, el Gobierno evalúa declarar en emergencia el Inpe, una medida que permitiría aplicar acciones excepcionales. El plan contempla redistribuir a los internos de alta peligrosidad, separándolos de la población penal común. “La prioridad será aislar a los delincuentes violentos en establecimientos que cuenten con personal capacitado para su manejo”, precisó Álvarez.
Entre los penales designados para los traslados figuran Ancón I y Luis Gancho, donde el personal penitenciario tiene experiencia en el control de reos de alto riesgo. La medida busca romper la estructura jerárquica de las bandas que continúan ordenando extorsiones y asesinatos desde prisión.
Además, el Ejecutivo implementará el uso del polígrafo para identificar y remover a funcionarios penitenciarios sospechosos de corrupción. Aunque el detector de mentiras no constituye prueba judicial, sí servirá como indicador de veracidad en las investigaciones administrativas internas.
Facultades legislativas para enfrentar al crimen
Álvarez anunció también que el Gobierno solicitará facultades legislativas al Congreso para emitir decretos de urgencia orientados a fortalecer la lucha contra la extorsión, el sicariato y la corrupción penitenciaria. Según explicó, el sistema judicial actual dificulta la recolección de pruebas que permitan mantener a los criminales tras las rejas, lo que deriva en liberaciones que alimentan la inseguridad ciudadana.
“El Ejecutivo necesita una ley autorizativa para actuar con rapidez y cerrar los vacíos legales que hoy favorecen a las mafias”, indicó el premier. La propuesta busca modificar los procedimientos penales, endurecer las penas por delitos de extorsión y garantizar la trazabilidad de las comunicaciones desde los penales.
Sin toque de queda, pero con control reforzado
Consultado sobre la posibilidad de decretar un toque de queda para contener la ola criminal, Álvarez descartó la medida, al considerar que resultaría ineficaz y socialmente contraproducente. “El toque de queda no ataca la extorsión ni el sicariato. Son delitos que operan como la mafia o el terrorismo y no se detienen con restricciones de tránsito”, afirmó.
El premier insistió en que la prioridad del Gobierno será fortalecer la inteligencia penitenciaria, mejorar el control de acceso a las prisiones y reforzar la seguridad en los pabellones de máxima seguridad. Asimismo, subrayó que la corrupción dentro del Inpe es uno de los principales obstáculos para recuperar el control estatal.
Reforma penitenciaria en agenda
La crisis carcelaria vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de una reforma integral del sistema penitenciario peruano. La sobrepoblación, el hacinamiento, la falta de personal y la corrupción sistémica han creado un escenario donde el Estado pierde soberanía dentro de sus propios establecimientos.
Mientras se evalúa la declaratoria de emergencia del Inpe, el país observa cómo las bandas criminales continúan expandiendo su influencia fuera de los muros, conectando sus operaciones con redes de extorsión, narcotráfico y sicariato que golpean a la ciudadanía.
El desafío, según el propio Álvarez, será recuperar el principio de autoridad, reestructurar el Inpe y romper el nexo entre el crimen organizado y la corrupción penitenciaria, antes de que el sistema colapse por completo.