El Gobierno aprobó un decreto de urgencia que dispone la reorganización patrimonial de Petroperú y encarga a Proinversión la conducción integral del proceso, en un contexto de profunda crisis financiera de la empresa estatal y con el objetivo de garantizar el abastecimiento de hidrocarburos en el país.
El Decreto de Urgencia N.º 010-2025, publicado en una edición extraordinaria del diario El Peruano la noche del 31 de diciembre, autoriza la segmentación de los activos de Petroperú en bloques patrimoniales autónomos, que podrán incluir unidades estratégicas como la Nueva Refinería de Talara, y habilita la participación de inversión privada bajo el régimen de promoción de la inversión.
Según el Ejecutivo, la empresa enfrenta una crisis estructural de solvencia, al no contar con liquidez suficiente para atender sus obligaciones inmediatas sin apoyo del Estado. Los considerandos del decreto señalan pérdidas operativas acumuladas, reducción de líneas de crédito y una dependencia sostenida de transferencias públicas.
Pérdidas millonarias y respaldo estatal
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que Petroperú registra pérdidas netas acumuladas de S/ 1,611 millones a octubre de 2025, además de deudas con proveedores por más de S/ 2,569 millones a diciembre del mismo año. Entre 2022 y 2024, el Estado transfirió S/ 17,888 millones en apoyo financiero, un monto que, según el Ejecutivo, supera los presupuestos anuales de sectores como Salud y Educación.
El Gobierno sostiene que las medidas permitirán alcanzar la sostenibilidad de la empresa y poner fin a prácticas ineficientes en su administración, bajo criterios técnicos, de transparencia y eficiencia.
Amplias facultades para Proinversión
El decreto encarga a Proinversión la representación de los derechos económicos y políticos de las acciones de Petroperú, la transferencia de activos a fideicomisos y la selección de operadores especializados para la operación y mantenimiento de las unidades de negocio.
Para este fin, se autoriza un financiamiento de hasta S/ 144 millones en 2026, cuyos flujos estarán orientados prioritariamente al pago de pasivos críticos y obligaciones financieras.
Reorganización interna y situación laboral
La norma también contempla una transferencia de S/ 240 millones desde el MEM para financiar la reorganización interna y las medidas de personal, que deberán ser aprobadas por el directorio de Petroperú en un plazo máximo de 30 días hábiles. El Ejecutivo ha señalado que el proceso se realizará respetando la normativa laboral vigente y los derechos de los trabajadores.
La ministra de Economía, Denisse Miralles, había adelantado que el Gobierno preparaba un decreto de urgencia para iniciar un “proceso serio de respaldo” a la empresa, subrayando que seguir inyectando recursos solo para el pago de deudas “no es una solución integral”.
Privatización y reacción sindical
La norma ha sido interpretada por diversos sectores como una apertura formal a la privatización de Petroperú, al autorizar la incorporación de capital privado en bloques patrimoniales y derogar disposiciones legales que impedían este tipo de operaciones.
Los sindicatos de la empresa han rechazado la medida, denunciando que el decreto “descuartiza” a Petroperú y pone en riesgo la soberanía energética del país. Aseguran que la compañía no está quebrada, sino afectada por malas decisiones e interferencias políticas, y defienden el carácter estratégico de la Refinería de Talara.
Abastecimiento garantizado y vigencia de la norma
El Ejecutivo descartó riesgos de desabastecimiento, especialmente en el oriente del país. En regiones como Loreto y Ucayali, donde Petroperú concentra la mayor parte del mercado mayorista, la distribución minorista es atendida mayoritariamente por operadores privados, lo que —según el Gobierno— mitiga eventuales interrupciones.
El decreto de urgencia tendrá vigencia de un año, periodo durante el cual el Ejecutivo realizará un seguimiento permanente del proceso con el objetivo de restablecer la viabilidad financiera de la empresa estatal.