El caso Betssy Chávez vuelve al centro de la agenda diplomática. El canciller Hugo de Zela confirmó que la reciente condena judicial contra la ex jefa del Gabinete Ministerial no modifica su condición de solicitante de asilo en la embajada de México, donde permanece desde diciembre de 2023. La definición se da en medio de tensiones diplomáticas entre Lima y Ciudad de México, y en momentos en que el Perú se alista para llevar su posición ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La afirmación del ministro ocurre luego de que el Poder Judicial sentenciara a Chávez por su participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, para la Cancillería peruana, la condena no altera el trámite que México mantiene bajo su interpretación de la Convención sobre Asilo Diplomático. Esto plantea una pregunta clave: ¿qué impacto tiene un fallo judicial interno en un proceso internacional de asilo político?
La posición del Gobierno sobre el asilo otorgado por México
Durante una declaración ante la prensa, de Zela precisó que la postura del Ejecutivo peruano se mantiene firme. “El hecho de que Betssy Chávez haya sido condenada no altera en nada su situación. Sigue siendo solicitante de asilo en la embajada de México”, afirmó.
Según explicó, el Gobierno considera que México ha aplicado de manera equivocada los alcances de la Convención sobre Asilo, un tratado que regula los criterios para otorgar y mantener este beneficio. La Cancillería sostiene que los fundamentos presentados por el Estado mexicano no cumplen los estándares establecidos para casos de persecución política. De ahí surge otra pregunta fundamental: ¿puede un país objetar formalmente la interpretación de otro Estado sobre un tratado internacional?
De Zela aseguró que la discrepancia no es nueva y que Perú ya ha manifestado públicamente su desacuerdo, pero que ahora llevará la controversia a un escenario institucional hemisférico para “dejar constancia de la posición peruana y solicitar una revisión política del caso”.
Perú llevará el caso ante la OEA
El canciller informó además que viajará la próxima semana a Washington, donde presentará un planteamiento formal ante la OEA. “Estaré viajando a Washington y haré la presentación el miércoles a las diez de la mañana”, adelantó.
Este paso diplomático es considerado uno de los más relevantes desde que México decidió conceder asilo a Chávez y a otros exfuncionarios del gobierno de Pedro Castillo. Perú busca que el organismo regional emita una opinión o, en su defecto, que abra un espacio de debate sobre el caso y sobre la manera en que México interpretó la normativa internacional al otorgar protección diplomática.
La consulta es inmediata: ¿qué puede resolver la OEA en un caso de asilo diplomático entre dos Estados miembros? Si bien la organización no tiene la facultad de revocar decisiones soberanas, sí puede emitir pronunciamientos políticos, recomendaciones y abrir mecanismos de mediación que influyan en la relación bilateral.
El trasfondo del caso Betssy Chávez
La ex primera ministra enfrenta una sentencia por su rol en los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo anunció un cierre inconstitucional del Congreso y la reorganización de instituciones del sistema de justicia. El intento terminó en su destitución y posterior detención. Chávez fue procesada como parte del círculo político que apoyó esa decisión, considerada un intento de usurpación de funciones.
Tras el golpe fallido, la exjefa de gabinete acudió a la embajada de México solicitando protección. Su caso, desde entonces, se convirtió en un punto de fricción entre ambos países. El Perú calificó el otorgamiento del asilo como una acción “injerencista”, mientras que México defendió su decisión bajo argumentos de persecución política.
El nuevo escenario judicial abre otra pregunta clave: ¿refuerza la condena la posición peruana ante la OEA? Para especialistas consultados previamente por la Cancillería, una sentencia por delitos comunes podría desmontar los argumentos de persecución política que justificarían un asilo. No obstante, México sostiene que su evaluación se hizo con base en el contexto político y no en los procesos judiciales posteriores.
Tensiones diplomáticas que continúan
Este episodio se suma a una serie de tensiones que han marcado la relación bilateral entre los gobiernos de Perú y México en los últimos años. Declaraciones cruzadas, llamados a consulta de embajadores y discrepancias en la interpretación de la situación política peruana han sido parte del escenario.
En ese contexto, la decisión de llevar la controversia a la OEA podría abrir un nuevo capítulo diplomático. De Zela insistió en que la presentación ante el organismo no busca generar confrontación, sino “defender la correcta aplicación del derecho internacional en un caso que involucra a dos Estados miembros”.
Sin embargo, la diplomacia peruana sabe que el tema ha obtenido atención regional debido al rol de México en procesos de asilo en América Latina, un ámbito históricamente sensible y que involucra principios jurídicos, políticos y humanitarios.
Un caso que marcará debates futuros
En momentos en que la política exterior peruana busca recomponer relaciones y fortalecer posiciones multilaterales, la controversia sobre el asilo de Betssy Chávez se convierte en un test para medir la capacidad del Gobierno en la defensa de sus argumentos ante organismos internacionales.
El viaje del canciller Hugo de Zela a Washington podría definir nuevos lineamientos sobre cómo se abordarán disputas similares en el futuro, especialmente en casos donde confluyen procesos judiciales internos y decisiones unilaterales de otros Estados en materia de refugio y asilo.