Un pronunciamiento que llegó después del voto
La congresista Diana Gonzales (Avanza País) criticó duramente la reciente posición del presidente José Jerí respecto al futuro del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al calificarla como “tardía” y contradictoria con el actuar de su propia bancada. Según enfatizó, el Gobierno recién ha expresado reparos tras conocer que el Congreso debatirá un dictamen que extiende el Reinfo hasta diciembre de 2027, pese a que Somos Perú, partido de gobierno, ya votó a favor de esa ampliación.
Para la legisladora, la postura del Ejecutivo revela una inconsistencia política que genera más dudas que certezas en un tema altamente sensible. “El pronunciamiento del presidente llega tarde porque su bancada ya votó por ampliar el Reinfo por dos años y reincorporar a 50 mil ilegales”, remarcó. ¿Por qué el Gobierno esperó tanto para fijar una posición? ¿Se trata de una corrección política o de una reacción ante la presión pública?
Gonzales advirtió que la ampliación del registro podría convertirse en un “refugio para actividades ilícitas”, considerando los cuestionamientos reiterados a cómo el Reinfo ha sido utilizado durante años para encubrir minería ilegal y redes criminales dedicadas a la extracción aurífera informal.
¿El Gobierno “juega a la escopeta de dos cañones”?
La congresista señaló que la actual postura del presidente contradice el comportamiento legislativo de su partido, motivo por el cual acusó al Ejecutivo de “jugar a la escopeta de dos cañones”. Esta expresión, que apunta a un doble discurso político, sintetiza la crítica central de Gonzales: el Gobierno estaría tratando de quedar bien con todos, sin asumir el costo político de una posición clara frente al Reinfo.
El mandatario ha señalado que un plazo de un año es “razonable” para mantener equilibrio entre la formalización y la estabilidad social en zonas con fuerte presencia de minería informal. Sin embargo, para Gonzales, si el Ejecutivo realmente consideraba que dos años era excesivo, debió manifestarlo antes del voto congresal.
“Si en el Ejecutivo había discrepancia, debió expresarse antes, no después”, insistió.
Exigen presencia del ministro Bravo en el Pleno
En esa línea, la legisladora exigió que el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, acuda al Pleno cuando se debata el dictamen. “No basta con remitir un informe escrito”, sostuvo. Para ella, el sector debe asumir un rol político más definido y no limitarse a gestiones técnicas que no responden al impacto que la medida tendrá en diversas regiones del país.
¿Debe el Ejecutivo acudir al Congreso y defender su posición?
Gonzales asegura que sí. Y advierte que, de lo contrario, el Gobierno estaría “lavándose las manos” ante una decisión que puede profundizar los problemas ya señalados por organismos, expertos y autoridades locales sobre los riesgos del Reinfo.
Asimismo, remarcó que el debate sobre este registro no admite “ambigüedades ni mensajes a destiempo”, especialmente en un contexto nacional marcado por el avance de mafias mineras y conflictos socioambientales.
Confemin reclama más plazo y cuestiona al Ejecutivo
La postura del presidente Jerí también generó una reacción inmediata del gremio más poderoso de la minería informal: Confemin, liderado por Máximo Franco, que agrupa a miles de mineros –incluyendo, según él, a 50 mil mineros ilegales incorporados al proceso.
Franco aseguró que un año de ampliación no es suficiente y que la responsabilidad de la ineficacia del proceso recae en las autoridades. “¿Qué han hecho este año pasado? No han hecho nada”, dijo, apuntando al fracaso de la implementación de la Ley MAPE, que buscaba poner fin al Reinfo.
Para el dirigente, los plazos propuestos no responden a las necesidades del sector, sino a la falta de capacidad estatal para fiscalizar y acompañar el proceso de formalización. No descartó una nueva reunión con el mandatario para insistir en una ampliación de al menos dos años.
Un debate que enfrenta intereses políticos, económicos y sociales
El futuro del Reinfo se ha convertido en uno de los puntos más conflictivos de la agenda minera nacional. Mientras diversos sectores reclaman orden, fiscalización y mayor rigor frente a la minería informal, otros grupos defienden la ampliación del registro como una oportunidad para que miles de mineros sigan avanzando hacia la formalización.
Para analistas, la tensión reside en que la ampliación del Reinfo ha sido ampliamente cuestionada por convertirse en una protección de facto a la minería ilegal, permitiendo la operación de zonas donde existen delitos ambientales, trata de personas, contrabando de insumos y lavado de activos.
En medio de este escenario, las declaraciones tardías del presidente Jerí abren un nuevo capítulo político: uno que lo enfrenta no solo a la oposición, sino también a su propia bancada legislativa.