En el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso de la República en materia de seguridad ciudadana, el Poder Ejecutivo a través del Consejo de Ministros aprobó un decreto legislativo que fortalece la prevención y la lucha contra el comercio ilegal de teléfonos celulares en el país.
Dicha medida modifica el Código Penal en la figura de robo agravado e incorpora el robo de equipos terminales móviles, informáticos u otros similares, como agravante. Además, este hecho delictivo será sancionado con pena de 12 a 20 años. La pena será de 20 a 30 años cuando se utilicen explosivos o vehículos motorizados para cometer el delito.
También, se incorpora la modalidad de receptación, entendida como la provisión de documentos para ocultar, encubrir o disimular el origen ilícito del bien o de sus partes. Está penado también comercializar o importar equipamiento que permita la adulteración de los códigos IMEI, MAC o SIM.
Del mismo modo, se suman dos tipos penales la posesión ilegítima de SIM cards activados y la comercialización de equipos con IMEI alterado, reemplazado o duplicado.