El Gobierno, a través del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aceptó la renuncia de Javier Llaque, jefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), con el objetivo de implementar cambios rápidos que refuercen la seguridad en los penales del país.
“Entendemos que hay responsabilidad funcional en la fuga de un interno del penal de Lurigancho. La destitución del director de dicho establecimiento y la aceptación de la renuncia del jefe del INPE son medidas inmediatas para solucionar este problema”, explicó Adrianzén. Además, el premier indicó que tres miembros del INPE están siendo investigados por el caso, y las denuncias ya han sido presentadas ante la Fiscalía.
Como se sabe Llaque Moya, presentó su renuncia luego de dos incidentes graves en los penales peruanos. La renuncia fue aceptada de inmediato por el Gobierno, marcando el fin de una semana difícil para el sistema penitenciario nacional.
La fuga de un recluso del penal de Lurigancho, ocurrida el 21 de abril, desató la crisis. John Kennedy Javier Sebastián, el interno fugado, logró escapar trepando una pared y desapareció en una zona conocida como “Tierra de Nadie”. El suceso fue registrado por vecinos del asentamiento humano Santa Fe, lo que evidenció la vulnerabilidad del centro penitenciario.
