Medida cautelar contra la máxima autoridad regional
El Poder Judicial ordenó 24 meses de prisión preventiva contra el gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, investigado por el presunto delito de lavado de activos. La decisión fue adoptada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, tras evaluar el pedido del Ministerio Público en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción dentro del Gobierno Regional.
La medida responde a un requerimiento presentado por el fiscal Manuel Apolo Casariego, quien había solicitado 36 meses de prisión preventiva para los implicados. Sin embargo, el juzgado determinó reducir el plazo a dos años y aplicarlo únicamente a la máxima autoridad regional.
Presunta red de corrupción en el Gobierno Regional
De acuerdo con la tesis fiscal, Segismundo Cruces habría encabezado una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno Regional de Tumbes, desde donde se habrían cobrado coimas a empresas y personas naturales a cambio de la adjudicación de obras públicas y servicios.
Según la investigación, el dinero obtenido de manera ilícita habría sido posteriormente canalizado para un presunto enriquecimiento indebido, configurando el delito de lavado de activos. Estos elementos, a criterio del Ministerio Público, justificaban la necesidad de una medida restrictiva de la libertad para asegurar el normal desarrollo del proceso.
Pronunciamiento de la Corte de Tumbes
A través de sus canales oficiales, la Corte Superior de Justicia de Tumbes informó que la prisión preventiva es una medida cautelar y no un adelanto de sentencia. En su comunicado, la institución remarcó que la decisión se adoptó respetando el debido proceso y la evaluación de los presupuestos legales exigidos por la norma.
“La prisión preventiva es una medida excepcional que busca garantizar la presencia del investigado durante el proceso”, precisó la Corte, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a informarse únicamente por medios oficiales para evitar especulaciones.
Comparecencia para otros implicados
En la misma resolución judicial, el juzgado dispuso que otros investigados afronten el proceso en libertad bajo la modalidad de comparecencia con restricciones. Entre ellos figuran Zoila Rosa Cuellar Garay, Luis Antonio Peña Alburquerque y Carmen Inés Guerrero Jaime.
Estas personas deberán cumplir estrictas reglas de conducta, además del pago de cauciones económicas, mientras continúan las diligencias fiscales. El juzgado consideró que, en estos casos, no se configuraban de manera suficiente los riesgos procesales que justificaran una medida de prisión preventiva.
Defensa anuncia apelación
Tras culminar la audiencia, la defensa legal del gobernador regional anunció que apelará la decisión judicial en los próximos días. Según señalaron sus abogados, consideran que no existen elementos suficientes que sustenten la prisión preventiva y buscarán que una instancia superior revise la medida impuesta.
No obstante, mientras se resuelve el recurso, Segismundo Cruces deberá cumplir la orden judicial y será trasladado al centro penitenciario de Puerto Pizarro, donde permanecerá recluido durante el periodo fijado por el juzgado.
Impacto político y contexto regional
La decisión judicial se produce en un contexto complejo para la región Tumbes, afectada en las últimas semanas por intensas lluvias, inundaciones y declaratorias de emergencia en varios distritos. La prisión preventiva contra su máxima autoridad regional abre un escenario de incertidumbre política y administrativa, en momentos en que la región enfrenta múltiples demandas sociales.
Desde el ámbito político, el caso se suma a una serie de investigaciones por presunta corrupción que involucran a autoridades subnacionales en distintas regiones del país, reavivando el debate sobre los mecanismos de control, fiscalización y prevención de delitos en los gobiernos regionales.
Investigación continúa
El Ministerio Público continuará con las diligencias para determinar la responsabilidad penal de los implicados. En esta etapa, la Fiscalía deberá recabar mayores elementos probatorios, pericias financieras y testimonios que sustenten la acusación por lavado de activos y otros delitos conexos.
Por ahora, el caso queda marcado por una decisión que vuelve a poner en agenda la fragilidad institucional de algunos gobiernos regionales y el uso de la prisión preventiva como herramienta clave en investigaciones por corrupción de alto nivel.