En un anuncio que redefine el panorama electoral local de cara a los comicios de 2026, el alcalde de Ate, Franco Vidal, formalizó su renuncia irrevocable al partido Avanza País. La noticia fue difundida por el propio burgomaestre a través de su canal oficial en la plataforma de streaming Kick, donde señaló que su decisión responde a “motivos estrictamente personales” tras cinco años de militancia.
Vidal, conocido por su activa presencia digital, aseguró que tras su dimisión ha sido contactado por secretarios generales de diversas agrupaciones políticas. Según su testimonio, al menos cuatro partidos le habrían propuesto encabezar una lista para la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). “Me quieren como candidato para Lima; no les voy a mentir”, sostuvo durante la emisión, marcando distancia de la candidatura de Francis Allison, quien ya se perfila como la carta de su ahora exdirectiva partidaria.
Proyecciones electorales y marco legal
El alcalde precisó que, de concretar una postulación para el 2026, solicitará la licencia de 30 días que exige la normativa electoral para el periodo de campaña. Asimismo, descartó cualquier aspiración a la Presidencia de la República debido a que, a sus 30 años, aún no cumple con el requisito constitucional de edad mínima (35 años).
“Siendo un político libre, voy a poder manejar algunas opciones, siempre pensando en mi gente de Ate”, añadió Vidal, quien en 2022 hizo historia al convertirse en el alcalde más joven del distrito y de la capital peruana.
Cuestionamientos y el caso ‘Los Dibujitos’
Pese a su proyección política, la gestión de Franco Vidal no está exenta de controversia. Informes del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) han alertado sobre el uso de sus plataformas digitales para presuntas campañas de hostigamiento contra periodistas críticos, como René Gastelumendi y Alexandra Hörler.
De acuerdo con las investigaciones, existiría una red coordinada denominada ‘Los Dibujitos’, articulada en servidores de Discord y grupos de WhatsApp como ‘Vidal Army Oficial’. Estos espacios, presuntamente administrados por allegados y funcionarios municipales, estarían destinados a la intimidación de opositores y prensa mediante la difusión de información privada y la saturación de redes sociales, bajo un sistema de incentivos promovido públicamente por el propio burgomaestre.