La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso inició una semana decisiva al aprobar por unanimidad la citación al ministro de Trabajo, Óscar Fernández Cáceres, mientras activa un exhaustivo plan de investigación sobre presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Huánuco (GRH). Las decisiones se tomaron en medio de cuestionamientos al programa social Llamkasun Perú y de una nueva crisis universitaria vinculada a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que también será materia de un grupo técnico especial.
¿Por qué el ministro de Trabajo deberá acudir al Congreso?
El primer acuerdo adoptado por la comisión, dirigida por el congresista Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular), fue citar al ministro Óscar Fernández Cáceres para que responda por varios asuntos de su sector, entre ellos los recientes cuestionamientos a la directora del programa Llamkasun Perú, Jessica Tumi Rivas.
La funcionaria aparece en diversos videos difundidos por redes sociales y medios locales, donde destaca presuntos avances del programa en múltiples regiones. El problema —según la comisión— es que Tumi Rivas es precandidata en una fórmula presidencial, lo que podría vulnerar el principio de neutralidad que rige la función pública.
¿Puede una funcionaria promocionar logros sectoriales en plena campaña interna?
Esa es una de las preguntas clave que deberá responder el ministro Fernández, quien también deberá precisar el alcance real del programa y explicar si ha existido o no un uso político de recursos del Estado.
El grupo de trabajo también decidió citar a Jessica Tumi Rivas de manera independiente, para que sustente sus actuaciones y aclare si ha utilizado su cargo para proyectar actividades con fines electorales.
Aprobado: Megaplan de investigación al Gobierno Regional de Huánuco
Con 13 votos a favor, la comisión aprobó el Plan de Trabajo para investigar la gestión del gobernador huanuqueño Antonio Leónidas Pulgar Lucas. La indagación se centrará en 22 obras públicas y revisará indicios de sobrecostos, deficiencias contractuales, vínculos con la empresa Grupo Pérgola SAC y retrasos en proyectos críticos como el Hospital de Santa María.
El plan contempla varias fases:
- Revisión documentaria integral
- Citaciones a funcionarios regionales y proveedores
- Visitas in situ a obras observadas
- Coordinaciones con entidades de control
- Elaboración de un informe final dentro del cronograma establecido
La congresista Elizabeth Medina Hermosilla (Somos Perú) pidió incluir a la Procuraduría General del Estado en las coordinaciones interinstitucionales, recordando que ya existen denuncias vinculadas a presunta corrupción en la región.
¿Qué tan profunda será la investigación?
Según el documento aprobado, se revisarán contratos, ampliaciones de plazo, adendas, valorizaciones, informes técnicos y cualquier otro elemento que permita determinar responsabilidades políticas, administrativas o penales.
Crisis en la UNI: Comisión conforma grupo especial de análisis
La Comisión de Fiscalización también volvió la mirada hacia la situación crítica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde un conflicto administrativo por el rectorado mantiene paralizado el registro de grados y títulos, afectando a más de 1 200 estudiantes.
Con 14 votos a favor, se aprobó la creación de un grupo de trabajo encargado de emitir un informe sobre la situación, integrado por los congresistas:
- Carlos Zeballos Madariaga (Bloque Democrático Parlamentario)
- Jorge Marticorena Mendoza (Alianza para el Progreso)
El plazo será de 15 días calendario, dado que la legislatura está a punto de concluir.
¿Qué ocurre dentro de la UNI y por qué está paralizada?
Durante la sesión, la congresista Katy Ugarte Mamani (JPP–VP–BM) cuestionó que la autonomía universitaria esté siendo utilizada para bloquear el derecho fundamental de los estudiantes a registrar sus grados y títulos. Señaló que la disputa entre autoridades ha generado un vacío administrativo que perjudica a quienes necesitan sus documentos profesionales para colegiarse, acceder a posgrados o postular a empleos.
La presidenta de la ACUNI, Viviana Ventura, advirtió que la SUNEDU mantiene bloqueos administrativos que contravienen la Ley Universitaria y afectan gravemente a los egresados. “Necesitamos que se garantice el derecho al título profesional. No podemos estar atrapados entre disputas institucionales”, afirmó.
Por su parte, el congresista Jorge Marticorena recordó que la Resolución 23 del Consejo Directivo de SUNEDU no es definitiva, ya que existe un recurso de reconsideración pendiente. Además, el conflicto sobre la titularidad del rectorado sigue su curso en instancias judiciales.
¿Actuará SUNEDU en los plazos que requiere el Congreso?
Es una de las interrogantes que persiste, sobre todo tras las reiteradas ausencias de la superintendencia ante otras comisiones parlamentarias.
Universidad Nacional de Ucayali también da su versión
En la misma sesión, representantes de la Universidad Nacional de Ucayali sustentaron argumentos fácticos y jurídicos de su informe del 10 de diciembre de 2024, emitido bajo el marco de la Ley 31349, que regula el reconocimiento de grados y títulos universitarios. La comisión tomará en cuenta esta información como insumo para su evaluación general del sistema administrativo universitario.
Un frente de fiscalización que se amplía
La jornada dejó claro que la Comisión de Fiscalización está ampliando sus campos de acción:
- Sector Trabajo, por presunta vulneración de neutralidad.
- Huánuco, por obras cuestionadas y presuntos sobrecostos.
- UNI, por un conflicto institucional que afecta a miles de estudiantes.
El ministro Óscar Fernández Cáceres enfrentará una sesión clave que podría marcar responsabilidades políticas dentro de su sector, mientras que las investigaciones a Huánuco anticipan un informe de alto impacto en las próximas semanas.