La Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación preliminar contra la congresista Hilda Portero López, miembro de la bancada de Acción Popular, por el presunto delito de cohecho pasivo impropio. La indagación surge tras la denuncia de un testigo protegido, quien entregó un audio donde se menciona a la parlamentaria en el contexto de una actividad oficial del Congreso, en la que habría facilitado la participación de una empresaria a cambio de un presunto pago ilícito.
Este caso añade presión sobre Acción Popular, partido que ha estado en el centro de diversas investigaciones por presunta corrupción y tráfico de influencias, afectando su credibilidad ante la ciudadanía.
¿De qué se le acusa a la congresista Portero?
De acuerdo con la hipótesis fiscal, la parlamentaria habría intervenido directamente para que la empresaria Rosa Urbina Novoa participe como vendedora en una actividad institucional en la sede del Congreso de la República. Según las normas administrativas y éticas que rigen al Parlamento, cualquier tipo de favoritismo o beneficio a cambio de una contraprestación económica puede constituir delito, en este caso cohecho pasivo impropio.
La acusación apunta a que Portero habría recibido un incentivo económico, aunque aún no se ha determinado el monto, ni si el acto se consumó. Las diligencias iniciales buscarán verificar la autenticidad del audio presentado y el contexto de los hechos denunciados.
Testigo protegido entrega audio como evidencia
El elemento clave de esta investigación preliminar es la presentación de un audio entregado por un testigo protegido, en el cual se menciona explícitamente a Hilda Portero. En dicho registro se haría referencia a una transacción ilícita en la que la legisladora habría aceptado una suma de dinero a cambio de otorgar acceso a la empresaria en el evento oficial.
El Ministerio Público viene analizando este material sonoro con técnicas forenses, a fin de establecer si existe sustento probatorio para formalizar una imputación penal. La investigación también podría ampliarse a otros funcionarios si se determina que hubo más involucrados en la organización del evento.
¿Qué es el cohecho pasivo impropio?
El delito de cohecho pasivo impropio, contemplado en el Código Penal peruano, sanciona a funcionarios públicos que aceptan, directa o indirectamente, una dádiva o beneficio por realizar un acto propio de su función, aunque este no sea ilegal en sí mismo.
En este caso, la participación de una empresaria en una feria institucional del Congreso no constituiría una ilegalidad por sí sola. Sin embargo, si se comprueba que hubo un pago económico para facilitar dicha participación, se configuraría un acto de corrupción de funcionarios.
Otro escándalo en Acción Popular
Este nuevo caso se suma a una serie de investigaciones que han salpicado a Acción Popular en los últimos años. El caso más conocido fue el de los congresistas apodados “Los Niños”, acusados de coordinar con el Ejecutivo durante el gobierno de Pedro Castillo a cambio de beneficios y obras públicas.
La vinculación de Portero en este nuevo escándalo podría agravar la imagen del partido, que ya enfrenta una crisis de legitimidad ante la ciudadanía. En el Congreso, algunos de sus integrantes han sido señalados por presunta colusión, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Portero guarda silencio
Hasta el momento, Hilda Portero no se ha pronunciado públicamente sobre la investigación abierta por la Fiscalía. Tampoco se ha emitido un comunicado oficial por parte de su bancada.
En medios legislativos, fuentes señalan que la congresista habría solicitado asesoría legal, pero se desconoce si se presentará de forma voluntaria ante el Ministerio Público para colaborar con la investigación.
Qué sigue en el proceso
Al tratarse de una investigación preliminar, la Fiscalía deberá recopilar más elementos de prueba antes de decidir si presenta una acusación formal. Entre las acciones previstas se incluyen:
- Análisis forense del audio presentado.
- Verificación de registros de participación en la actividad parlamentaria.
- Testimonios de trabajadores del Congreso que hayan estado presentes.
- Posibles cruces de información financiera.
El caso también podría derivar en una investigación interna dentro del Congreso, si se considera que se vulneraron las normas del reglamento parlamentario.
Impacto político y percepción ciudadana
Los casos de presunta corrupción como el de Portero continúan alimentando la percepción negativa del Congreso ante la opinión pública. Diversas encuestas nacionales revelan que más del 80% de la población desconfía del Parlamento, y escándalos como este refuerzan la urgencia de implementar reformas políticas.
El Ministerio Público, en tanto, mantiene su política de priorizar las investigaciones contra altos funcionarios y legisladores, en línea con su compromiso de lucha contra la corrupción.
