En una medida orientada a preservar la especialización de las investigaciones, el Ministerio Público oficializó la continuidad de 54 casos vinculados a las muertes y heridos registrados durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. La resolución, publicada en el diario oficial El Peruano, garantiza que estos procesos de alta complejidad sigan su curso sin ser derivados a sedes fiscales en el interior del país.
Bajo la nueva estructura de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, se ha dispuesto que los mismos fiscales que integraban el extinto equipo especial (Eficavip) mantengan la titularidad de sus carpetas. Con esto, la institución busca evitar la fragmentación de las investigaciones y asegurar que el conocimiento técnico acumulado sobre los hechos no se pierda en el tránsito administrativo.
Ocho despachos especializados
La nueva fiscalía corporativa contará con un total de ocho despachos, los cuales asumirán de manera coordinada las pesquisas por presuntas violaciones a los derechos humanos. Esta estrategia responde a la necesidad de un abordaje homogéneo para casos que involucran una pluralidad de víctimas, numerosos investigados y diversos escenarios territoriales en todo el territorio nacional.
La disposición fue impulsada por Andrés Montoya Mendoza, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos, quien subrayó que la permanencia de los equipos fiscales en la capital es clave para enfrentar investigaciones de esta magnitud. El objetivo final es alcanzar conclusiones jurídicas sólidas sobre las responsabilidades penales en los sucesos ocurridos tras el cambio de mando presidencial a finales de 2022.
Garantía de continuidad
Con esta resolución, el Ministerio Público intenta despejar las dudas de los familiares de las víctimas y organismos internacionales sobre posibles retrasos o debilitamientos en las investigaciones. Al centralizar los casos en una fiscalía supraprovincial especializada, se pretende optimizar los recursos y agilizar los peritajes necesarios para esclarecer las circunstancias en las que perdieron la vida ciudadanos en regiones como Puno, Ayacucho, Apurímac y Lima.