El Fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció el inicio de una investigación preliminar ante las crecientes denuncias por el presunto mal uso de los recursos asignados a la franja electoral. Esta medida busca transparentar el destino del financiamiento público que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) otorga a los partidos políticos para su difusión en medios de comunicación rumbo a las Elecciones 2026.
La carpeta fiscal será remitida al subsistema especializado en delitos de corrupción, con el fin de determinar si los fondos cumplieron estrictamente con su finalidad legal o si fueron utilizados para fines distintos a la propaganda electoral autorizada.
Partidos bajo la lupa y cuestionamientos en contratos
La decisión fiscal surge tras reportes sobre contratos de difusión que habrían concentrado montos elevados en medios específicos. Aunque la investigación alcanzará a todas las organizaciones que recibieron el beneficio, el foco inicial se ha puesto sobre:
- País para Todos
- Primero La Gente
- Alianza para el Progreso (APP)
El Ministerio Público verificará si existió algún tipo de favorecimiento o irregularidad en la contratación de espacios de radio y televisión que son pagados directamente con el presupuesto del Estado.
Alcance de la investigación y posibles delitos
La Fiscalía ha sido enfática en señalar que la indagación no se limitará a las agrupaciones mencionadas, sino que auditará la ejecución presupuestaria de todos los partidos políticos que accedieron a la franja.
De hallarse indicios de irregularidades, los implicados —que podrían incluir representantes legales y tesoreros— enfrentarían cargos por delitos contra la administración pública, tales como:
- Peculado: Por la apropiación o utilización indebida de caudales públicos.
- Uso indebido de recursos: Vinculado a la desviación de partidas presupuestarias electorales.
La importancia de la franja electoral
La franja electoral es un mecanismo diseñado para garantizar la equidad en la contienda, permitiendo que los partidos tengan presencia en medios sin necesidad de contratarlos de forma privada. Al ser dinero de todos los peruanos, cualquier desvío afecta directamente la integridad del proceso democrático de 2026.