Amenazas contra la justicia
La congresista Maricarmen Alva Prieto, ex presidenta del Congreso, expresó su indignación y profunda preocupación por las amenazas de muerte recibidas por la fiscal Margarita Haro Pinto, quien viene siendo extorsionada por presuntos integrantes de la organización criminal “Los Pepes de San Juan de Lurigancho”.
“Es inaceptable que una fiscal sea amenazada por cumplir con su deber. No podemos permitir que las mafias intimiden a la justicia. ¿Hasta dónde hemos llegado?”, manifestó la legisladora a través de su cuenta oficial en la red social X.
El caso de la fiscal Haro se suma a una preocupante lista de operadores de justicia que enfrentan hostigamiento y amenazas por investigar a redes delictivas vinculadas al crimen organizado, extorsión y narcotráfico. Estos hechos han encendido las alarmas dentro del Ministerio Público, donde varios fiscales en regiones críticas han solicitado resguardo policial permanente.
Pedido formal al Ejecutivo y al Ministerio Público
En ejercicio de sus funciones de fiscalización parlamentaria, Alva envió oficios al Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, y al ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, requiriendo información sobre las medidas de protección inmediata implementadas para los fiscales amenazados.
En los documentos, la congresista advirtió que la falta de una política integral de seguridad pone en riesgo la vida e integridad no solo de los fiscales, sino también de sus familias y equipos de trabajo.
“Estos hechos afectan directamente la autonomía e independencia del Ministerio Público, pilares fundamentales del Estado de Derecho. Si dejamos solos a los fiscales, dejamos que el miedo gobierne”, subrayó Alva.
Crimen organizado: la nueva amenaza institucional
En los últimos años, las mafias locales y organizaciones criminales han expandido su poder en sectores como la minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión y la tala clandestina. Estas redes han comenzado a infiltrarse en las estructuras del Estado, especialmente en el ámbito local y regional.
Fuentes del Ministerio del Interior señalan que existen más de 60 fiscales en situación de riesgo alto debido a investigaciones sobre crimen organizado y corrupción. Sin embargo, la cobertura de seguridad policial aún es limitada.
“El Estado no puede permanecer indiferente mientras quienes enfrentan a las mafias trabajan bajo amenaza”, afirmó Alva, recordando que la Fiscalía de Crimen Organizado de Lima Este ha sido uno de los principales blancos de ataques e intimidaciones en los últimos meses.
Fiscal Haro: símbolo de resistencia en Lima Este
La fiscal Margarita Haro Pinto, según fuentes del Ministerio Público, viene investigando a integrantes de “Los Pepes”, una organización delictiva dedicada a la extorsión de comerciantes y transportistas en el distrito de San Juan de Lurigancho.
La funcionaria habría recibido mensajes amenazantes por WhatsApp, además de ser seguida por desconocidos durante su traslado a audiencias judiciales. Su caso fue reportado a la División de Seguridad de Funcionarios (DIVSEF) de la Policía Nacional, aunque aún no se habría dispuesto una protección personal permanente.
Organizaciones civiles y gremios fiscales han exigido al Consejo Nacional de la Magistratura y al Ministerio del Interior activar un protocolo urgente para resguardar a los operadores de justicia que están en la primera línea contra el crimen.
Reacción política y respaldo institucional
El pronunciamiento de Maricarmen Alva fue respaldado por parlamentarios de distintas bancadas, quienes coincidieron en que la lucha contra el crimen organizado requiere una acción conjunta del Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial.
El congresista Carlos Zeballos (BDP) advirtió que “la inseguridad no solo se siente en las calles, sino también dentro de las instituciones. Si las mafias logran intimidar a los fiscales, todo el sistema de justicia se debilita”.
Por su parte, la legisladora Gladys Echaíz (Renovación Popular) expresó su solidaridad con Haro Pinto y propuso que el Congreso promueva una moción de respaldo institucional para los fiscales amenazados. “No se puede combatir el crimen si el Estado abandona a quienes lo enfrentan”, afirmó.
Una alerta que trasciende Lima
El caso de Haro Pinto refleja una tendencia que se repite en varias regiones del país. En La Libertad, Piura y Ucayali, fiscales ambientales y anticorrupción han denunciado ser víctimas de amenazas, atentados y campañas de desprestigio.
La Asociación de Fiscales del Perú ha solicitado la creación de un Fondo de Protección Especial que garantice recursos logísticos, movilidad y vivienda temporal segura para fiscales bajo amenaza, propuesta que aún espera debate en el Congreso de la República.
Compromiso de seguimiento parlamentario
Maricarmen Alva reafirmó que continuará haciendo seguimiento a la respuesta del Ministerio Público y del Ejecutivo, exigiendo que se adopten medidas efectivas de protección inmediata para la fiscal Margarita Haro Pinto y todos los fiscales en situación de riesgo.
“Defender a quienes investigan a las mafias es defender al Perú. Sin fiscales protegidos, no hay justicia posible”, concluyó.
El llamado de la congresista se suma a una creciente preocupación nacional: la penetración del crimen organizado en instituciones públicas y la falta de políticas de seguridad judicial integral para quienes enfrentan a las mafias desde dentro del Estado.