El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ordenó el retiro de vehículos oficiales y choferes asignados al despacho de la fiscal suprema suspendida Delia Espinoza, pese a que un fallo judicial había dispuesto su reincorporación al Ministerio Público.
La decisión fue comunicada mediante un oficio dirigido al gerente general del Ministerio Público, César Augusto Enríquez Gutiérrez, con fecha 28 de octubre de 2025. En el documento, Gálvez dispuso que los vehículos “se asignen al pool vehicular de la Subgerencia de Transportes” a partir del 29 de octubre de 2025.
Reasignación de vehículos en contexto de disputa institucional
Los vehículos y choferes habían sido puestos a disposición del despacho de Espinoza para fines de seguridad y resguardo. Con la disposición de Gálvez, dichos recursos volvieron al pool general de la institución, encargado de distribuir la logística según disponibilidad y requerimientos.
La medida se produjo mientras permanecía en curso la controversia entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Poder Judicial, luego de que el Noveno Juzgado Constitucional de Lima ordenara, mediante resolución judicial, la reincorporación de Espinoza al Ministerio Público.
JNJ mantuvo suspensión pese a fallo judicial
A pesar de la decisión judicial, la JNJ sostuvo que la suspensión de Espinoza continuaba vigente, alegando que la resolución sólo abordó una de las cuatro causales disciplinarias que motivaron la medida cautelar en su contra. Según el organismo, los otros tres cargos seguían vigentes y justificaban la continuidad de la suspensión.
Hasta ese momento, no se había emitido una resolución aclaratoria por parte del juzgado que determinara el alcance total o parcial de la medida, lo que mantenía el entrampamiento sobre el estatus funcional de la magistrada.
El caso continuó generando tensión entre órganos del sistema de justicia, mientras se esperaba una eventual aclaración por parte del juez constitucional.