El fiscal Germán Juárez Atoche advirtió que a partir del 4 de julio el expresidente Martín Vizcarra ya no contará con restricciones judiciales en el proceso que se le sigue por presunta corrupción, específicamente por el caso Obrainsa. Según el fiscal, el levantamiento del impedimento de salida del país representa un alto riesgo de fuga, por lo que ha solicitado una medida de prisión preventiva por seis meses. Esta busca asegurar su presencia en las etapas finales del juicio y eventual cumplimiento de una condena.
El Ministerio Público sostiene que Vizcarra no acata las normas impuestas por el Poder Judicial ni por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y que continúa realizando actividades políticas pese a estar inhabilitado. Además, existen registros de viajes sin autorización y vínculos con el presidente de Bolivia, Luis Arce, incluido un vuelo en avioneta presuntamente financiado por Obrainsa, empresa implicada en el pago de sobornos. “Ese alquiler fue gestionado por Vizcarra, según documentos y testimonios”, afirmó Juárez.
La Fiscalía también acusa al expresidente de mentir en sus reportes judiciales y manipular información entregada por su equipo de seguridad. En videos presentados por el Ministerio Público se le ve desplazándose sin resguardo oficial, y en actividades políticas mientras declaraba estar realizando labores técnicas. Juárez denunció además tácticas dilatorias por parte de su defensa, como certificados médicos presentados en momentos clave del juicio.
Con pruebas que incluyen mensajes de WhatsApp, registros bancarios y declaraciones de testigos, la Fiscalía busca demostrar la responsabilidad penal de Vizcarra en actos de corrupción relacionados con la empresa Obrainsa. De hallarse culpable, el expresidente podría enfrentar una sentencia de hasta 15 años de prisión. “No se trata de persecución política —aclaró Juárez—, se trata de garantizar que la justicia se cumpla.”