El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, cuestionó duramente las propuestas de reforma del Ministerio Público en Perú impulsadas desde algunos sectores políticos, al considerar que carecen de sustento técnico y desconocen el funcionamiento real del sistema de justicia. En medio del debate sobre cambios institucionales, el titular del organismo defendió la existencia de un proyecto ya elaborado por especialistas del sector.
Según explicó, el documento de reforma ha sido trabajado por fiscales, representantes de colegios de abogados y expertos vinculados al sistema judicial, lo que —a su juicio— le otorga un respaldo técnico que no se observa en las iniciativas planteadas desde el ámbito político.
Las declaraciones se dan en un contexto donde la crisis del sistema de justicia en Perú ha reactivado propuestas de cambios estructurales, muchas de ellas sin mayor desarrollo técnico ni detalle sobre su implementación.
Cuestionamientos a propuestas políticas
Gálvez fue enfático al señalar que las propuestas de reforma carecen de claridad respecto a los cambios específicos que se plantean. En ese sentido, criticó lo que considera una tendencia a formular iniciativas generales sin conocimiento profundo de la institución.
“Hay que reformar el Ministerio Público. Tú pregúntale, ¿en qué? ¿Qué cosa? ¿En qué se debe reformar?”, expresó, evidenciando su postura frente a lo que considera una falta de precisión en el debate.
El fiscal sostuvo que existe un desconocimiento del sistema de justicia en Perú por parte de algunos actores políticos, lo que —según dijo— dificulta la construcción de propuestas viables. Esta crítica se suma a una tensión constante entre el Ministerio Público y sectores políticos que impulsan cambios en la institución.
Proyecto técnico ya elaborado
Uno de los puntos centrales de su intervención fue la afirmación de que ya existe un proyecto de reforma del Ministerio Público en Perú elaborado con participación de especialistas. Este documento recoge aportes técnicos y propuestas desarrolladas previamente por distintos actores del sistema.
De acuerdo con Gálvez, este trabajo responde a un análisis interno y especializado, lo que lo diferencia de las iniciativas que —según indicó— buscan posicionarse en la agenda pública sin un sustento sólido.
El fiscal insistió en que cualquier reforma debe partir del conocimiento técnico y la experiencia en el funcionamiento institucional, especialmente en un sistema tan complejo como el judicial.
Crítica a la dinámica política
El titular del Ministerio Público también cuestionó el contexto político en el que surgen estas propuestas. Señaló que, en un escenario de deslegitimación institucional, algunos actores optan por criticar a las entidades públicas como una estrategia para ganar respaldo ciudadano.
“Como tienen que buscar ganarse votos (…) insultar, denostar a una institución creen que les suma votos”, afirmó, en referencia a lo que considera una instrumentalización del debate sobre la reforma judicial en Perú.
Estas declaraciones reflejan la tensión entre el sistema de justicia y el ámbito político, en un momento donde diversas instituciones enfrentan cuestionamientos por parte de la ciudadanía.
Déficit de peritos y retraso en investigaciones
Más allá del debate sobre reformas, Gálvez también expuso problemas estructurales que afectan el funcionamiento del Ministerio Público. Uno de ellos es el déficit de peritos en áreas clave como medicina legal.
Según indicó, de los 100 peritos requeridos, solo se cuenta con cinco, lo que evidencia una brecha significativa en la capacidad operativa. Esta situación ha generado un retraso de entre 4 mil y 5 mil pericias, afectando directamente el avance de las investigaciones fiscales.
El déficit de recursos humanos especializados es uno de los principales obstáculos para mejorar la eficiencia del Ministerio Público en Perú, y pone en evidencia la necesidad de reformas que no solo sean normativas, sino también operativas.
¿Reforma técnica o discurso político?
El pronunciamiento del fiscal de la Nación reabre el debate sobre cómo debe abordarse la reforma del sistema de justicia. Mientras desde el Ministerio Público se insiste en la necesidad de un enfoque técnico, desde el ámbito político continúan surgiendo propuestas que buscan cambios estructurales.
La discusión de fondo gira en torno a si estas reformas responderán a un diagnóstico real de los problemas o si se mantendrán en el plano del discurso. En un contexto de crisis institucional, la calidad del debate será clave para definir el rumbo del sistema de justicia.
Por ahora, el Ministerio Público defiende su propuesta técnica como base para cualquier cambio, mientras las críticas a las iniciativas políticas marcan un nuevo episodio en la relación entre justicia y poder.