El Poder Judicial, a través del Juzgado Unipersonal de la Sala Penal Especial, ha programado para este martes 3 de marzo, a las 2:00 p.m., el inicio del juicio oral contra el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi. El proceso responde a una querella por presunta difamación agravada interpuesta por la destituida fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
La jueza Norma Carbajal ha sido enfática en la obligatoriedad de la asistencia. De no presentarse a la sesión virtual de instalación, Rospigliosi corre el riesgo de ser declarado reo contumaz, lo que derivaría en una orden de conducción compulsiva por parte de las autoridades. Por su parte, la defensa del legislador estará a cargo del abogado Humberto Abanto, quien también debe estar presente bajo apercibimiento de ser excluido y multado.
Las pretensiones de la ex titular del Ministerio Público
Delia Espinoza ha planteado una acusación severa contra el titular del Legislativo. La parte demandante solicita:
- Pena privativa de la libertad: 2 años de cárcel efectiva.
- Reparación civil: El pago de S/ 1,000,000 (un millón de soles) por daños al honor.
De acuerdo con el Código Procesal Penal, el juicio iniciará con un intento de conciliación entre ambas partes. Si Rospigliosi y Espinoza no logran un acuerdo armonioso en esta etapa inicial, el proceso seguirá su curso con la lectura de derechos y la presentación de pruebas. Cabe resaltar que, si Espinoza no asiste a la instalación, la querella será archivada de forma automática.
El origen del conflicto: Un mensaje en redes sociales
La disputa legal se remonta al 7 de julio de 2025. En aquella fecha, Fernando Rospigliosi publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) en el que arremetió contra la entonces Fiscal de la Nación. El legislador la calificó como «aliada del terrorismo y economías ilegales», basando su acusación en las reuniones que Espinoza mantuvo con familiares de las víctimas de las protestas sociales de 2022 y 2023.
Días después, el 10 de julio de 2025, Espinoza envió una carta notarial exigiendo una rectificación pública. Sin embargo, Rospigliosi no solo ignoró el documento, sino que reafirmó sus declaraciones en diversos espacios, lo que finalmente impulsó a la exmagistrada a judicializar el caso por considerar que sus expresiones cruzaron la línea de la crítica política para entrar en el terreno de la difamación.